EEra un clamor popular que la familia Pujol estaba recibiendo trato de favor, como era un clamor popular que algo tenía que ver en ese trato de favor la política. No en vano Jordi Pujol, durante sus años de presidente de la Generalitat y, sobre todo, presidente de CiU con un número destacado de diputados en el Congreso, había prestado importantes servicios a gobiernos del PSOE y del PP para garantizarles estabilidad y que sacara adelante importantes proyectos de ley.
Cualquier español que haya cumplido los cincuenta recuerda con estupor lo ocurrido con el caso Banca Catalana, en el que Pujol consiguió ser bien parado judicialmente, con el sobreseimiento de la causa que hizo la Audiencia Provincial de Barcelona con la posición contraria de los fiscales Mena y Villarejo y el voto contrario de algunos jueces que se negaron a firmar el sobreseimiento, entre ellos Margarita Robles, entonces destinada en aquella Audiencia. Las presiones de Felipe González fueron decisivas, aseguraron varios profesionales que intervinieron en aquel caso.
Era un clamor popular que los miembros de la familia Pujol son los únicos españoles que viven tranquilamente en casa a pesar de los informes de la UDEF que provocan auténtico escándalo. Fue especialmente hiriente la desfachatez que demostró el expresidente al decir que el dinero que tenía oculto en paraísos fiscales procedía de una herencia paterna. Pero hirientes han sido también los datos sobre los negocios de millones de euros que hicieron sus hijos, utilizando el cargo de su padre en Cataluña. Docenas de testigos que han declarado que tuvieron que pagar para acceder a determinados contratos públicos, y esa poderosa familia no ha sido capaz de aportar los documentos que justificarían la legalidad de las operaciones que les proporcionaron tan importantes ingresos. Sin embargo no se han tomado medidas cautelares contra ellos, hasta que la fiscalía anticorrupción ha pedido ahora prisión provisional sin fianza para el menor de la familia, Oleguer, el cerebro económico de las operaciones que se investigan desde hace tiempo.
El trato a los Pujol ha sido de guante blanco. En otros casos de presunta corrupción no ha temblado la mano a jueces y fiscales para enviar al calabozo a personas que aparecían en los medios de comunicación como presuntos delincuentes, con menos pruebas contra ellas que las que existen contra algunos de los Pujol. En algunas ocasiones jueces y fiscales han llamado a declarar incluso a secretarias de influyentes personajes pillados en falta, por el simple hecho de ser sus secretarias. Luego las ponían en libertad sin cargos…, aunque después de pasar alguna noche amarga en un calabozo.
Serán los tribunales los que digan la última palabra sobre los Pujol y sus presuntas fechorías. Pero ahora al menos se han tomado medidas para impedir que uno de ellos siga en libertad, pudiendo así maniobrar para ocultar operaciones que podrían ser constitutivas de delito, como el blanqueo de dinero.
Ya era hora.
