Se repite hasta la saciedad, sobre todo desde que importantes personajes de la vida pública se las han visto tiesas ante jueces y fiscales: la Justicia es igual para todos. Sin embargo, no acaba de cuajar esa idea porque a poco que alguien se interese por determinados casos advierte que la administración de la justicia a veces queda “contaminada” por la personalidad de quien la imparte. No hay más que ver la tendenciosidad que se observa en algunos jueces y fiscales a la hora de tomar decisiones. Son pocos, afortunadamente, pero se les nota a la legua cómo respiran.
Cundía la especie desde tiempo atrás de que la infanta Cristina iba a recibir trato de favor por ser hija y hermana de. No ha sido así, y dentro de unos meses se sentará en el banquillo sin que su padre ni su hermano hayan movido un dedo para tratar de ayudarla. Han mantenido un escrupuloso respeto a la Justicia. Cosa distinta es si estaban en posición de presionar, lo que nunca sabremos; pero si lo estaban, no lo han hecho.
Cosa distinta es valorar el trabajo del juez Castro. Multitud de compañeros suyos, así como multitud de fiscales, progresistas y conservadores, comentan abiertamente su desacuerdo con algunas de sus decisiones últimas y, los menos temerosos a la hora de expresarse con sinceridad, incluso han comentado en los últimos días que no se entendería la no aplicación de la doctrina Botin, que en el caso de la infanta es de libro, ya que la acusación del juez no la comparte la fiscalía ni la abogacía del Estado.
Si esa norma se ha aplicado en otros casos, no se comprende que no se aplique a doña Cristina. Sobre todo cuando la acusación la ejerce un sindicato tan turbio como Manos Limpias y cuando existe la idea generalizada en el mundo de la Justicia de que la acusación particular solo debería ejercerla quien se sienta directamente perjudicado por quien ha cometido un delito. De hecho, ese criterio se va a aplicar antes de que finalice la legislatura.
Sin duda la infanta pudo estado más vigilante para impedir que su marido se aprovechara de su situación de privilegio y, sin duda también, debió negarse a formar parte de unas sociedades en las que Urdangarin y Torres la querían como “gancho”. Pero no se ha demostrado que ella, en persona, tomara decisiones definidas como delito; y el presunto fraude fiscal que la sienta en el banquillo ni siquiera lo ha cometido de forma directa sino que, según el auto, se debe a que se benefició de la situación creada por Urdangarín, sin que existan datos que certifiquen que ella estaba al tanto del fraude.
La Justicia debe ser igual para todos, evidentemente; pero los jueces y fiscales deben tratar a los acusados, sean los que sean, con el mismo criterio. Dejando en casa filias y fobias.
