El comunicado lo envía la oficina del primer ministro de Israel, y dice que Benjamin Netanyahu ha dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que convoque a la embajadora española y le transmita su indignación por los vergonzosos comentarios del presidente español el mismo día que terroristas de Hamás asesinaron a ciudadanos israelíes en Jerusalén. Es la segunda vez que el Ministerio israelí convoca a la embajadora Sálomon para trasladarse su rechazo a declaraciones de Pedro Sánchez, y la segunda ocasión que, por el mismo motivo, es convocada la embajadora de Israel en España para que viaje a su país e informe en persona a su Gobierno.
En diplomacia, la llamada a consultas a un embajador es el gesto previo a la ruptura de relaciones. Esta llamada no significa que pueda producirse un anuncio de ruptura por parte de Israel, pero sí es prueba de que el reciente viaje de Sánchez a la zona, para entrevistarse con Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha provocado una crisis sin precedentes entre los dos países.
Lo que más ha indignado al Gobierno israelí, y a parte de su ciudadanía y de la oposición, han sido las declaraciones de Sánchez en las que ponía en duda que Israel cumpliera con el derecho internacional humanitario. También ha dolido que Sánchez calificara como “anécdota” que durante su reciente viaje a Israel les llevaran -junto al primer ministro belga- a visitar uno de los kibutz donde Hamás perpetró la peor de las matanzas, con más de cien asesinados a sangre fría. Y en el plano político, que anunciara que el Gobierno de España está a favor de la creación de un Estado palestino.
El momento
Esto último no incomoda especialmente a Israel porque la misma posición la defienden varios países amigos e incluso Naciones Unidas, pero sí ha parecido indignante al Gobierno de Netanyahu que lo reitere Sánchez en estos momentos en los que Hamás ha aplicado toda su fuerza terrorista, con centenares de muertos civiles y más de 200 rehenes provocando una guerra de proporciones no conocidas desde que Israel logró su independencia en 1948.
No ha favorecido a España y a su jefe de Gobierno que en medio de esta crisis entre los dos países Hamás trasladara a Pedro Sánchez su agradecimiento por el apoyo a la causa palestina.
Sánchez no apoya a Hamás, incluso ha pronunciado frases de condena estos días, pero no ha sido suficientemente contundente, menos incluso que algún país árabe y que la propia ANP. Sin embargo ha sido muy duro con Israel por la muerte de civiles en los bombardeos contra Gaza y, ahora, por cuestionar que cumpla con la obligada defensa de los Derechos Humanos.
Lo que no acaban de asumir Pedro Sánchez y los miembros de su equipo es que en las decisiones sobre política exterior es fundamental conocer las alianzas internacionales, tanto las políticas como las económicas, de seguridad y defensa, más las históricas.
Sin coordinación
La posición del Gobierno de Sánchez en la guerra de Gaza obligaba a una coordinación con las dos organizaciones a las que pertenece España, la UE y la OTAN, que consideran a Hamás una organización terrorista, sin complejos, y que apoyan a Israel a pesar de las reticencias que provoca Netanyahu. Pero que en su guerra contra Hamás está cargado de razón, sobre todo cuando es Hamás el que ha iniciado el ataque contra Israel de una forma tan cruel, sin respeto a los civiles ni a los menores, que ha secuestrado y matado a docenas de extranjeros en sus “razzias” del 7 de octubre y que, siendo los bombardeos de Israel indiscriminados y afectan a miles de civiles, no es menos cierto que Israel tiene derecho a defenderse y lleva décadas recibiendo agresiones terroristas promovidas por Irán. De Hezbollah al norte y de Hamás al sur. Y Hamás, que gobierna en Gaza, utiliza la metodología del terrorismo, no de la guerra.
Tanto en Estados Unidos como en Bruselas se han mantenido públicamente callados ante la forma en la que Pedro Sánchez está encarando la posición de España ante la guerra de Gaza, pero se han lanzado mensajes de advertencia sobre cuál es la política se seguridad y defensa común de la UE, que además es responsabilidad de Josep Borrell, un español con gran prestigio en Bruselas que fue presidente del Parlamento Europeo… y ministro de Exteriores de Pedro Sánchez. Un Borrell que desde el mismo día que fue designado Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha centrado sus esfuerzos en coordinar las políticas de los países miembros de la UE.
En cuanto a Estados Unidos, que sigue manteniendo recelo hacia los gobiernos socialistas españoles a raíz de los desencuentros que hubo con Zapatero y que “heredó” Pedro Sánchez en los primeros tiempos de su mandato. Pudo recomponer las relaciones con Biden, la base de Rota es siempre un elemento importante de “conciliación”, pero nunca esa confianza ha sido tan profunda como la que mantiene el presidente americano con otros países europeos.
La política Exterior no atraviesa por tanto su mejor momento, enrarecida en la Unión Europea, aunque el Gobierno desmiente ese enrarecimiento. Pero es significativo que, a una semana de ser anunciado el nuevo ministro, Albares por una parte, y Félix Bolaños por otro, viajaran a Bruselas para intentar que la imagen de España no estuviera en franco declive, de capa caída, por su política exterior e interior. La exterior, centrada fundamentalmente en su cambio de posición respecto al Sáhara, y en los últimos días por el tono tan poco diplomático que algunos medios británicos consideraron amenazantes, que utilizó el ministro Albares con el nuevo secretario general del Foreign Office, David Cameron, respecto al futuro de Gibraltar. Asunto que Cameron conoce en profundidad desde hace años porque además de su larga carrera política ha sido jefe del Gobierno de su país.
"Cero problema"
En cuanto a la UE, las dificultades con la Comisión Europea se centran especialmente en asuntos judiciales: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el Gobierno achaca al bloqueo sistemático del PP a la renovación mientras que el PP exige un cambio en el sistema de elección de los nuevos vocales, para que el órgano que es responsable de la administración de la Justicia pierda su actual politización y sea elegido por los propios profesionales de la judicatura.
El comisario de Justicia, el liberal Reynders, que ha viajado frecuentemente a España para hablar con todas las partes, públicamente parecía más cercano a las tesis del PP, pero esta semana ha mantenido un encuentro en Bruselas con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, acompañado de la vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, que había sido comisaria de Justicia antes que Reynders y, según declaró Bolaños al finalizar la reunión, se habían impuesto las tesis defendidas por el Gobierno de Sánchez: es prioritario renovar el CGPJ, lo que Bolaños consideraba que era un toque al PP para que asumiera que se debe negociar con las reglas actuales y, segundo, respecto al otro gran asunto que preocupa en Europa, la ley de la amnistía, según el ministro de Justicia hay “cero problemas”.
Esas palabras tranquilizadoras no se corresponden exactamente con la realidad, según las fuentes utilizadas por diferentes corresponsales españoles en Bruselas, que probablemente han tenido a Reynders como principal interlocutor: efectivamente los dos comisarios han trasladado a Bolaños que hay que renovar de forma urgente el Consejo, pero en ningún caso han apoyado la fórmula actual. No han entrado en eso porque es una cuestión de política interna en la que la Comisión Europea no puede intervenir, aunque sí han reiterado que es obligado respetar la independencia del poder judicial sobre el ejecutivo y el legislativo.
Más preocupados se mostraron sin embargo sobre la ley de amnistía, en la que Bolaños puso el acento que no es una ley que emana del Gobierno sino del Parlamento, por eso se presentará en las Cortes como proposición de ley, no como proyecto de ley.
Condiciones
Tanto Reynders como la vicepresidenta Jourova expresaron su inquietud por esa ley de amnistía, cuyo texto aún no es definitivo pero saben perfectamente -Reynders sigue el asunto muy de cerca- que está condicionado por las exigencias que ha puesto Puigdemont al Gobierno. Puigdemont, un parlamentario europeo al que Reynders conoce muy bien y cuál es su situación, entre otras razones porque los eurodiputados españoles de todos los grupos del PE, excepto los de Podemos, han pasado meses haciendo gestiones para que la Cámara europea levantara la inmunidad al político de Junts y pudiera ser juzgado por un tribunal español.
Los comisarios trasladaron su confianza a Bolaños respecto a que el Gobierno actuará en consecuencia y con respeto a la ley, pero Reynders le envió un mensaje al ministro español de Justicia: la Comisión había recibido estos días docenas de miles de mensajes de ciudadanos españoles expresando su rechazo a la amnistía. Tantos mensajes, que fue imposible que los servicios del Gobierno europeo pudieran tramitarlos convenientemente.
Cuando escucharon las declaraciones de Bolaños sobre el resultado de la reunión, el comisario de Justicia pidió a su portavoz que explicara que no es cierto que no les cause preocupación la ley de amnistía, sino que están a la espera de su tramitación y aprobación.
El hecho de que Reynders promoviera una matización, corrección o como quiera llamarse al “cero problema” de Bolaños, demuestra la fragilidad del optimismo del titular español de Justicia… y el desacierto de su diagnóstico. La amnistía española si preocupa en la UE.
