Hay días en la que la clase política no está para nada, vapuleada por los cuatro costados. Ahora no sufren días aciagos, sino semanas, meses incluso, con noticias que demuestran que hay personas que se han tomado el ejercicio de la política como un negocio, no como un servicio público. No son todas, evidentemente, sí hay quien ejerce la política en detrimento de su cuenta corriente o de su estabilidad familiar, pero de ellos no se habla aunque existir, existen.
Cataluña no está en primera plana por la polémica respecto a la consulta, el independentismo, la legalidad o no legalidad de la pantomima que pretende montar Artur Mas el 9 de noviembre, sino porque la policía judicial ha intervenido simultáneamente en cuatro despachos y viviendas de Oleguer Pujol Ferrusola y le ha imputado de un posible delito de blanqueo de dineros. Ya era hora de que los jueces tomaran la iniciativa ante el cúmulo de informaciones sobre las idas y venidas de los millones de la familia Pujol por distintos paraísos fiscales, las comisiones que supuestamente pedían a cambio de la contratación de obras por parte de la Generalitat, y el trasiego de maletines cargados hasta los topes con billetes de 500 euros, más propios del Chicago de los 30 –aunque con dólares- que de los hijos de todo un presidente de gobierno de Cataluña.
Una vez iniciadas las investigaciones con toda seguridad llegarán a alguna parte, porque cuando se pone en marcha el tren de la Justicia acaba llegando, aunque sea con una lentitud insoportable. Pero siempre es mejor una investigación judicial que una parlamentaria, condicionada siempre a los intereses de los distintos partidos y que además no llevan aparejadas el castigo a los que hayan podido cometer delito, excepto el rechazo social.
Con ser importante lo ocurrido con uno de los hijos de Pujol, el que supuestamente dirigía las operaciones familiares y los negocios, más relevante es que se haya entrado ya en los negocios de la familia política de Artur Mas, con la publicación de los contratos de la Generalitat conseguidos por el hermano y la sobrina de Elena Rakosnik, la mujer de Mas. El montante, alrededor de unos 300 millones de euros.
Ante un Mas que ha hecho recortes brutales en servicios sociales, y que ha puesto el cien por cien de su tiempo a disposición del independentismo y no a trabajar para mejorar la economía, averiguar que desde su despacho se tomaban decisiones que favorecían a sus familiares es un aldabonazo para los catalanes de buena fe que pensaban que su presidente estaba verdaderamente interesado en gobernar para todos. Para todos, no barriendo para casa. O para la casa de su cuñado.
Solo hay un consuelo para tantos indicios o pruebas de corrupción: ahora, por lo menos, se persigue a los corruptos. Antes se movían en la más absoluta impunidad.
