Hace dos años tomó posesión un nuevo gobierno de coalición en Alemania, pero en esta ocasión no se trataba de la “gran coalición” entre democristianos y socialdemócratas que encabezaba Angela Merkel, sino otra “Frankenstein” formada por socialdemócratas, liberales y verdes dirigida por el socialista Olaf Scholz. Cuando tantas veces se ha puesto a Alemania como ejemplo de cómo se gestiona un gobierno de coalición, en esta ocasión el gobierno federal alemán se caracteriza por estar convertido en una jaula de grillos en la que las diferencias entre partidos de ideología tan opuesta se dirimen en el espacio público.
Esta circunstancia bien conocida entre nosotros, cuando la gestión de los asuntos públicos se desarrolla entre un ruido insoportable, motiva que los acuerdos alcanzados y la acción de gobierno no llegue a la ciudadanía con nitidez, lo que afecta a su valoración y a la confianza que transmite. Aunque en los dos años de ejercicio del poder, el gobierno de coalición ha cumplido gran parte del programa común de la coalición, como la subida del salario mínimo a 12 euros brutos la hora trabajada -más de dos euros- , la reforma del subsidio de paro, el control fronterizo de la inmigración irregular, al tiempo que se simplificaban los trámites para la obtención de la nacionalidad y otro tipo de cuestiones de carácter social, las posibilidades de que se pudiera reeditar la coalición en el caso de que se celebraran ahora elecciones legislativas, serían remotas, porque los democristianos vuelven a ser el partido que concitaría más apoyo ciudadano, seguido de los ultraderechistas de Alianza por Alermania, mientras el SPD quedaría en tercer lugar y entre liberales y verdes sumarían en torno al 10% de los votos.
El reconocimiento por parte de los gestores económicos de que no llegarán a final de año con los presupuestos federales aprobados es un nuevo problema añadido, porque el gobierno alemán se ve en la obligación de reducir la factura del gasto público en 17.000 millones de euros y han vuelto a aflorar las tensiones entre los tres partidos de la coalición. Los liberales no quieren oír hablar de subida de impuestos ni de suspender el freno de la deuda para no desbocar el gasto público, que tiene carácter constitucional y que solo se puede liberar en situaciones excepcionales, -como durante la pandemia o el comienzo de la invasión rusa de Ucrania-, y se oponen a que se suspendan las ayudas a empresas que facilitarán la llegada de importantes multinacionales tecnológicas y la deslocalización de otras. Para los socialdemócratas la línea roja es no tocar los gastos sociales, mientras que los verdes no quieren que afecte a los fondos destinados a la transición ecológica, después de haber visto como volvían a funcionar las centrales térmicas. En estas condiciones se tiene que cuadrar el sudoku de las cuentas mientras se suceden los enfrentamientos en público.
