Los recursos de la administración de justicia siempre han sido muy limitados: fuera cual fuera el color del gobierno de turno, nadie hasta ahora se planteó en serio acometer una auténtica modernización de la justicia para hacerla más ágil y eficaz. La carencia de medios materiales y humanos, el déficit endémico en el número de jueces y magistrados, las instalaciones obsoletas que aún subsisten en muchos territorios del país y la vigencia de leyes procesales decimonónicas, parcheadas tantas veces sin ton ni son, hace que la cacareada modernización judicial sea una entelequia, pese a hallarnos ante uno de los tres poderes del Estado, pilar de la democracia, y reducto final de los derechos y libertades más elementales. Esta carencia de medios hace aún más perentoria la optimización de los recursos con los que cuenta nuestra justicia, para que la respuesta judicial a las interpelaciones de los ciudadanos se produzca, no ya solo motivadamente, sino en un tiempo razonable. Por eso, cuando nos encontramos ante casos que de ninguna manera tendrían que haber llegado a juicio, con lo que eso conlleva (atestado, instrucción policial y judicial, incoación de diligencias, citaciones, celebración de juicio oral, sentencia, recursos…), podemos pensar que algo falla al permitir que causas estrafalarias colmen estanterías y archivos judiciales.
Maria Angustias, una madre de El Ejido, debió de pensar que se trataba de una broma de mal gusto cuando la Guardia Civil le comunicó que su hijo de 15 años la había denunciado por malos tratos. Sin lesiones ni parte de urgencias. Sin golpes. Su «flagrante delito» fue quitarle el móvil para que se pusiese a estudiar; como el mocoso no se lo daba de buena gana, ella se lo arrebató de las manos. Cómo se le ocurre. El chaval salió de casa y se fue directo al cuartelillo. Y ahí la tienen, delante del cabo de la benemérita prestando declaración. Como una choriza ladronzuela. «Esto es surrealista —seguro que pensaba ella mientras respondía a las preguntas—; menos mal que esto no pasa de aquí». Pero se equivocaba. La Guardia Civil levanta atestado y lo remite al juzgado de instrucción; se incoan diligencias previas y la madre, de denunciada se convierte en investigada (antes imputada); como chanza ya pasa de marrón oscuro, ¿verdad? Acude al juzgado a declarar. No se lo puede creer. «Es que al recibir un atestado tenemos obligación de abrir diligencias previas», seguro que le dijo el funcionario del juzgado. «Ya, pero comprenderá que…»; ella tiene la esperanza de que la cosa no se vaya (todavía más) de madre; pero hete aquí que el asunto se remite a Fiscalía, se supone que para que informe favorablemente sobre su archivo, pero el expediente cae en manos de un fiscal (quise averiguar el nombre, pero no lo conseguí) que ese día no debió de desayunar All-Bran, estaba de mala baba, y decidió vengarse acusando a la madre de un delito de malos tratos. Redacta el escrito y pide para ella nueve meses de prisión por el affaire del móvil. Nueve meses por mala madre. Por déspota y cruel. Allí se fue la madre a juicio pendiéndole la pena de chirona, despotricando de un sistema que permite esa cadena de aberraciones. Su consuelo es que topó con un juez normal, Luis Miguel Columna, que la absolvió del delito de malos tratos al fallar que había actuado correctamente en cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad. Para mayor vergüenza del fiscal, espero.
La madre sale con la sentencia absolutoria bajo el brazo y se va a casa a preparar la comida, no vaya a ser que el chaval la denuncie otra vez, qué sé yo, por intento de homicidio por inanición. Seguro que alguno haría de ello un macroproceso judicial.
¡Padres tiranos que no consienten la mínima a sus hijos: tengan cuidado ahí fuera!
