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Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) iniciaron la investigación a principios de mayo ante la sospecha de que algunos de los desguaces incumplían la normativa en el tratamiento de los residuos, carecían de instalaciones adecuadas para tratar los mismos y falsificaban la documentación de los coches.
En la provincia de Ourense, según fuentes del instituto armado, hay seis locales autorizados para el reciclado y tratamiento de los automóviles, siendo denunciados dos de ellos, uno por no tener la documentación en regla y el otro por irregularidades en el tratamiento de las distintas piezas. En el resto de provincias, la Guardia Civil tramitó otras 415 denuncias por infracciones a la normativa sobre residuos. Además, los agentes imputaron a ocho personas delitos de falsedad documental.
Durante la operación, los agentes verificaron el tratamiento y reciclado de 3.800 vehículos desde el momento que su propietario lo entregó en un concesionario o taller autorizado hasta su gestión final, para, así comprobar, que son sometidos a los procesos de descontaminación establecidos.
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