La justicia tiene un problmea

En torno a un sesenta por ciento de los consultados en sendas encuestas publicadas el lunes coinciden en señalar que en España existe “lawfare”, la utilización política de la justicia, a lo que se añade que tres cuartas partes de los preguntados consideran que los partidos políticos intentan influir en las decisiones judiciales, y solo un tercio considera que las sentencias son justas e imparciales. Coinciden en dos diarios de tirada nacional, El País y La Vanguardia, dos sondeos que concluyen que la justicia y los jueces tienen un problema de credibilidad. Claro que en otras encuestas de otros medios de comunicación realizadas con anterioridad a los jueces les sale que los ciudadanos no dudan de su imparcialidad.

Según El País, el 65% de los ciudadanos cree que en España existe “lawfare”. Para La Vanguardia, un 60% de los encuestados considera que hay jueces haciendo política. Ítem más, para el periódico barcelonés, la ciudadanía desconfía de la imparcialidad de la justicia dado que solo un 41% cree en ella, y hasta el 43% considera que “la mayoría de los jueces en España” no actúa “de manera imparcial”. Y aunque pareciera que estas cifras son un episodio más de la polarización política nacional, resulta que si bien en torno al 80% de los votantes del PSOE o de Sumar consideran que “hay jueces que están haciendo política”, la misma opinión la comparte el 41% de los electores del PP y casi el 55% de los de Vox, aunque la mayor parte de estos votantes sí consideran que los jueces son imparciales.

La población duda más de la independencia de los jueces: tres cuartas partes de la población creen que los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces y solo un 32,2% considera que las resoluciones que estos dictan son “justas e imparciales”, frente al 59,3% que opina lo contrario

La encuesta de El País confirma que España es uno de los países de la UE donde la población duda más de la independencia de los jueces: tres cuartas partes de la población creen que los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces y solo un 32,2% considera que las resoluciones que estos dictan son “justas e imparciales”, frente al 59,3% que opina lo contrario, y casi un 63% está muy o bastante de acuerdo con la idea de que “algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas”, lo que supone una anomalía por cuanto el 67% cree que la política se ha judicializado.

Al referirse a dos casos concretos, los procesos contra Begoña Gómez y el ex fiscal general del Estado, la encuesta de La Vanguardia señala que es mayoritaria la percepción de que la imparcialidad ha estado ausente. Un 43% frente a un 36% lo considera así en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, y un 37% percibe falta de neutralidad, frente a un 32% que no la aprecia, en el caso de Álvaro García Ortiz.

Un dato interesante de la encuesta de El País es que la tercera parte de los encuestados consideran que hay más jueces de derechas que de izquierdas y que en sus decisiones favorecen a aquella opción política. A eso se añade que el 58% cree que el poder judicial vigila poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo. Acusar a un juez de prevaricación puede acabar con quien lo haga ante otro juez, pero sin duda hay jueces que no parecen conocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo y abren causas que tendrían que haber inadmitido, o cometen errores de bulto durante la instrucción y no ocurre nada.

Como colofón, según El País, la administración de justicia no alcanza el aprobado cuando se pregunta sobre la confianza ciudadana que le merece: suspende con un 4,9, aunque los votantes de derechas si la aprueban.