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LA UCO NO HA PODIDO RECUPERAR MENSAJES
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles ante el Tribunal Supremo las acusaciones de haber filtrado correos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz fue interrogado por el magistrado que le investiga por una presunta revelación de secretos.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el jefe del Ministerio Público aseguró, en su declaración, que no facilitó ni los correos ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona, tanto dentro como fuera de la Fiscalía. Además, negó haber dado instrucciones a otras personas para hacerlo.
En su testimonio, García Ortiz expresó que no tiene constancia de que la filtración haya provenido de la Fiscalía General o la Fiscalía Provincial de Madrid, ni que existiera intención alguna de perjudicar a González Amador o de obstaculizar su conformidad debido a su relación con Díaz Ayuso.
El fiscal optó por no responder a las preguntas de la defensa de González Amador, limitándose a contestar únicamente a su abogado y a la Fiscalía, alegando que dicha defensa omitió hechos relevantes para la investigación en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En particular, mencionó que había enviado un correo al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, cuya filtración es ahora objeto de investigación.
El magistrado encargado de la causa investiga si García Ortiz y otros dos fiscales imputados filtraron un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2022 por el abogado de González Amador, en el que ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo. Según el instructor, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportan "información de peso" que apuntalan la presunta participación de García Ortiz en la filtración. El magistrado ha destacado que estos informes sugieren que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en la filtración.
De acuerdo con lo investigado hasta ahora, el magistrado considera que existen indicios suficientes para presumir que García Ortiz fue la persona que dirigió los pasos que condujeron a dicha filtración, aprovechando su situación de superioridad sobre otros fiscales.
En el marco de su declaración, García Ortiz explicó que, desde que asumió su cargo en la Fiscalía General del Estado, ha cambiado seis veces de móvil. Afirmó que, por razones de seguridad y por ser una obligación legal, habitualmente borra el contenido de su teléfono, ya que este almacena información "sensible" de causas penales.
La UCO no ha podido analizar los chats y correos del fiscal general debido a que, según el informe sobre los dispositivos incautados en su despacho, se hallaron "cero mensajes". El magistrado ya ha solicitado la colaboración de Whatsapp y Google para intentar recuperar dicha información, y también ha consultado al departamento de informática de la Fiscalía General sobre la posibilidad de que los móviles hayan sido formateados.
El instructor ha pedido, además, una copia de la normativa interna de la Fiscalía General sobre el borrado de mensajes, tras el testimonio de un fiscal de delitos económicos que desconocía cualquier protocolo relacionado con la eliminación de mensajes en los dispositivos de García Ortiz.
Esta declaración ante el Tribunal Supremo marca un momento histórico, ya que es la primera vez que un fiscal general comparece como investigado en una causa.
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