Denuncian a Jácome por ocultar dinero de las barras de las fiestas

PRESUNTA MALVERSACIÓN

O Cimborrio pide en Fiscalía la declaración de Jácome como investigado por presunta malversación. Los vecinos del Casco Vello presentan una segunda denuncia por vulneración de derechos e inacción ante el ruido excesivo. Solicitan que se cite como testigo al interventor, ya que el alcalde se saltó su fiscalización de las bases de las barras

Barra de bar instalada en Os Remedios por las fiestas de Ourense, ayer.
Barra de bar instalada en Os Remedios por las fiestas de Ourense, ayer. | Miguel Ángel.

La asociación de vecinos O Cimborrio del Casco Vello presentó este jueves dos denuncias en Fiscalía contra el Concello de Ourense y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, por un lado por inacción en relación a los ruidos y la posible vulneración de derechos fundamentales de los residentes en la zona histórica y, por otro, por presunta malversación de caudales públicos al cobrar en especie lo recaudado en las barras de las fiestas y no ingresar ese dinero en las cuentas municipales.

La denuncia por presunta malversación se interpone en relación a las bases reguladoras para el otorgamiento de la autorización demanial de ocupación temporal del dominio público municipal con destino a la instalación y explotación de barras de bar durante la celebración del entroido de 2025, las fiestas de O Couto y, ahora, las fiestas de Ourense 2025, que se celebran esta semana.

El canon mínimo que se recoge en dichas bases es de 15.000 euros, pero se especifica que “se abonará en especie mediante el correspondiente abono total o parcial a favor de las empresas que indique el Ayuntamiento”.

A la junta de gobierno del 7 de febrero de 2025, cuando se aprobaron las bases para la adjudicación de la barra del entroido, “no fue convocado el interventor general, que no había informado previamente el expediente, aun cuando su informe era preceptivo”, explicita O Cimborrio en la denucia.

En las siguientes sesiones, del 20 de abril (bases para las barras en O Couto) y 29 de mayo (barras para las fiestas de Ourense) sí fue convocado el interventor, pero “consta cómo expresamente advierte que el expediente no ha sido fiscalizado”.

De este modo, recoge la denuncia en fiscalía, se produciría una “ocultación de ingresos” y una “omisión de fiscalización previa en gastos públicos”, pese a resultar preceptiva según la legislación vigente siempre que se reconozcan derechos de contenido económico.

Asimismo, sostiene la denuncia, se ha infringido el principio de presupuesto bruto, ya que “tanto los ingresos como los gastos públicos deben registrarse en el presupuesto de forma íntegra y separada, sin compensaciones ni reducciones”. En este caso, consideran que puede tener consecuencias legales, ya que “se desconoce la aplicación de los ingresos obtenidos por las concesiones demaniales otorgadas para la explotación de las barras de hostelería”, que se compensan con “supuestos gastos cuya realización se desconoce”.

O Cimborrio solicita a Fiscalía que abra diligencias de investigación y tome declaración a Jácome y al jefe de servicio de Cultura, Ismael Méndez, en calidad de investigados. Asimismo, solicitan la declaración en calidad de testigao del interventor municipal, Gonzalo Alonso.

Más de mil denuncias

En el segundo procedimiento, presentado ante la Fiscalía de Medioambiente, se interpone denuncia por el ruido, la caducidad de sanciones a locales de ocio nocturno, una “inacción administrativa grave” y la gestión irregular de licencias contra el Concello, contra los responsables políticos con responsabilidad en Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Actividades y Licencias y los responsables administrativos (funcionarios) que lo hayan avalado.

Se denuncia una “inacción administrativa continuada” en contra de la normativa acústica en el Casco Vello, tras las más de mil denuncias presentadas por los vecinos desde 2018. O Cimborrio denuncia la “omisión del deber de vigilancia, inspección y sanción” ante las continuas denuncias y la constatación de la mantpulación de limitadores, la adopción de medidas “contrarias a la normativa” (ampliación ilegal de horarios en zona protegida saturada), “permisividad en la gestión de licencias” y la “vulneración sistemática” de derechos fundamentales.

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