Jácome, imputado por desviar dinero público a su televisión
AURIA TV
El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, volverá a visitar los juzgados de O Couto para declarar como investigado en un delito de malversación de caudales públicos.
El juez de Instrucción 1 le citó para el 22 de septiembre a las 09,15 horas con el fin de que dé explicaciones sobre el desvío sistemático de fondos públicos del Concello (recursos técnico y humanos) a Auria TV, su televisión privada.
La causa penal tiene su origen en la denuncia presentada por José Manuel Palacios, un exasesor de Democracia Ourensana, en la Fiscalía de Ourense por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Poco tiempo después, el Ministerio Público trasladó la denuncia al juzgado de guardia.
En este nuevo frente judicial, el instructor debe indagar sobre la compra de material electrónico con fondos del Concello para fines privados, pero también, según consta en la denuncia, el trabajo que realiza el asesor de DO Germán López Vázquez, con sueldo público, como cámara de Auria TV.
178.930 euros
El denunciante aprecia un “uso indebido de recursos públicos”, lo que podría encuadrarse en un delito de malversación de caudales públicos. Estima que desde abril de 2021 hasta finales de 2024 -cuando se presentó la denuncia en Fiscalía- el Concello habría destinado 178.930 euros al pago de salario del cámara de Auria TV (antes había sido asesor de DO pero en la Diputación).
En la documentación que obra en poder del juez están las facturas del material comprado (dos cámaras por casi 4.000 euros, por ejemplo, dentro de un pedido de material técnico valorado en 8.698 euros en junio de 2020), así como imágenes que reflejan que el asesor trabaja como cámara y la acreditación de este último como asesor político.
Uno de los documentos comprometedores trasladados al juez es la declaración de López Vázquez el 30 de octubre de 2020 ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Ourense con motivo de otro procedimiento contra Jácome que fue archivado. Preguntado por la UDEV para que aclarase por quién y para qué fue contratado como personal eventual del Concello de Ourense para el partido DO, aseguro que “fue contratado por Pérez Jácome para la realización de grabaciones en Auria Televisión”.
En la denuncia se plantea otra controversia que ha caracterizado el mandato del alcalde: las decisiones arbitrarias y la falta de neutralidad institucional. “Las publicaciones en redes sociales del alcalde -sostiene Palacios- evidencian su decisión arbitraria y manifiestamente injusta de eliminar las ruedas de prensa tradicionales y centralizar la comunicación institucional en plataformas privadas”. A su juicio, ello “vulnera los principios de transparencia, imparcialidad y acceso igualitario a la información pública”.
La denuncia de los audios: a la espera de la que jueza mueva ficha
El otro frente judicial en el ámbito penal que tiene abierto Jácome está en Instrucción 2, en donde recayó la denuncia de la Fiscalía por los audios que publicó La Región en mayo de 2023 en los que el mandatario local y personas de su entorno hablaban de diversas ilegalidades: conversaciones sobre supuestos “enchufes” de asesores, donaciones irregulares para su campaña electoral, amaño de adjudicaciones públicas, cobro de comisiones, blanqueo o mordidas en el sueldo al personal.
Pese a que el Ministerio Público judicializó los audios en junio de 2024, hace ya casi un año, por el momento no hubo declaraciones. La jueza tiene pendiente de resolver la petición de nulidad del procedimiento planteada por el abogado del alcalde en diciembre del pasado año. La defensa alega que las grabaciones que sustentan los presuntos delitos que, según la fiscal, se deben investigar se obtuvieron de manera ilícita, por lo que la instrucción quedaría invalidada (teoría de los frutos del árbol envenenado).
La fiscal se opuso en enero y estima que el procedimiento tiene recorrido. Se basa en que, aunque el alcalde como el resto de interlocutores niegan tener conocimiento de que estaban siendo grabados, no se conoce la persona que llevó a cabo las grabaciones y no puede descartarse que el autor estuviese presente durante el desarrollo de las mismas.
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