Los placeros reciben la orden de desalojo del Concello de Ourense: límite, 9 de enero

El Concello de Ourense ha activado la cuenta atrás administrativa para intentar dejar a la ciudad sin Plaza de Abastos, exigiendo el abandono de la Alameda en un plazo máximo de un mes a los comerciantes, mientras los estos anuncian medidas cautelarísimas inmediatas.

Los comerciantes, que se ubican en el mercado provisional de la Alameda y no pueden trasladarse al estar sin acondicionar el edificio histórico, recibieron este martes las notificaciones oficiales que marcan un punto de no retorno: el Concello de Ourense les otorga un plazo improrrogable de un mes para abandonar el espacio público. El calendario fija el horizonte del desalojo forzoso para el 9 de enero de 2026, coincidiendo con el fin de la campaña de Reyes y el inicio de la cuesta de enero.

La llegada de estos documentos arroja luz sobre la confusión vivida en el último pleno municipal, cuando Jácome afirmó que todavía no se habiá activado la cuenta atrás. Se confirma ahora que la maquinaria administrativa sí estaba en marcha. De hecho, los acuerdos de la junta de gobierno llevan fecha de firma electrónica del 28 de noviembre, y fuentes consultadas apuntan a que la notificación ya se encontraba en la sede electrónica el día -coincidiendo con el pleno-, pendiente únicamente de los plazos legales de apertura por parte de los destinatarios.

El “regalo” navideño del Concello a los placeros ha llegado en forma de dos expedientes simultáneos. El primero es la orden de desalojo pura y dura, que advierte explícitamente de que, si no se abandona la Alameda voluntariamente en un mes, se utilizarán “todos los medios compulsorios legalmente admitidos”.

El segundo expediente enviado acuerda “constatar” que el convenio de gestión del mercado se extinguió legalmente el 5 de abril de 2022. Con esta maniobra, Jácome pretende argumentar que los comerciantes llevan más de tres años ocupando el espacio y gestionando el servicio “en precario”, sin título habilitante, lo que debilitaría cualquier reclamación de derechos sobre el traslado al edificio histórico.

La respuesta de los placeros será inmediata. Su representación legal ha confirmado a este periódico que la estrategia pasa por acudir directamente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar medidas cautelarísimas que suspendan la orden antes de que el reloj marque el 9 de enero.

Desde la defensa de los comerciantes se califica el requerimiento de carente de “fundamento ni base jurídica” y se señala una “contradicción flagrante” en los actos del propio Concello. Sin ir más lejos, la semana pasada, el Concello tuvo que tramitar pagos para recepcionar una parte de las obras de la Plaza, por lo que parece incoherente que la administración declare extinguido el contrato en 2022.