Alcaldes del PP alertan del cierre de cuarteles de la Guardia Civil en el rural de Ourense

Alcaldes de concellos de A Baixa Limia solicitaron la paralización de cualquier proceso para “desmantelar” la seguridad en la provincia y defendieron la presencia de la Guardia Civil en el rural ourensano. Representantes de Bande, Lobeira, Lobios y Muíños cuestionaron en rueda de prensa la medida adoptada por el ejecutivo central de suprimir la unidad de Fronteras y Fiscal de Lobios y centralizar el servicio en Verín. La comarca de Baixa Limia, en jaque ante el futuro del cuartel de Lobios Una situación, dijo la alcaldesa de Lobios María del Carmen Yáñez, que obligaría a seis familias a dejar su residencia en Lobios y sin servicios “á comarca da Baixa Limia, unha das zonas ourensáns con máis quilómetros de fronteira con Portugal”. Yañez incidió que “en febreiro alertamos desta situación acusáronos de electoralistas. Se nos desmantelan os servizos básicos, estannos privando dos nosos dereitos. Mentres no Goberno Central din defender o rural, vemos a demagoxia desas palabras”. La Subdelegación del Gobierno, a través de su gabinete de prensa, aseguraba ayer no tener novedades sobre una propuesta a nivel nacional que “ni es firme ni está aprobada”. Asimismo, de materializarse la propuesta, ”no se reduciría el personal del cuartel”, dicen. La reestructuración obedecería, según fuentes de Subdelegación, a la necesidad de actualizar unos servicios que se pusieron en marcha en la década de los 80 del siglo pasado. Actualmente, el cuartel de Lobios cuenta con 16 efectivos en los servicios de seguridad ciudadana, Seprona y la Unidad fiscal y de fronteras. Bande y Lobeira mantienen sus puestos con entre 8 y 10 efectivos en sus plantillas. Muíños y Entrimo perdieron el servicio a finales del siglo pasado y en 2013, respectivamente. Cierre de puestos La secretaria de la gestora provincial y alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, anunció la presentación de una moción en todos los concellos de la provincia y en la Diputación en defensa de la “seguridade dos nosos veciños” y en contra de las “discriminacións do Goberno de España cara Ourense” solicitando paralizar cualquier cierre, reforzar los puestos -especialmente aquellas zonas que carecen de Policía Local-, ocupar el 100% de las plazas del catálogo de la provincia y aprobar incentivos profesionales y económicos para puestos de baja demanda en el rural. Quintas cuestionó la merma del servicio que, en muchos cuarteles solo se ofrece de 9,00 a 14,30 horas y las intenciones de reunificación del Seprona que ya se están efecuando en varias provincias. En esta línea, Sandra Quintas también hizo alusión a la Orden General 25/2023 del 28 de diciembre, sobre las Compañías y Puestos territoriales de la Guardia Civil, “que prevé o peche de varios postos auxiliares, algúns de maneira inminente como o do Concello de Baltar, sendo este un concello fronteirizo con Portugal e que fai inexplicable este peche”, dijo. Desde Baltar, el alcalde José Antonio Feijoo dijo no tener información oficial, pero si “fontes fiables” que alertan de un cierre que “sería un golpe de morte para o concello”. La preocupación es máxima y que hace días convocaron un pleno extraordinario donde se aprobó por unanimidad que se reconsidere cualquier decisión que afecte a este puesto auxiliar, por lo que supondría de merma de la seguridad y de desmantelamiento del rural. “Nós estamos preocupados e a xente, tamén. Non descartamos recoller firmas, nin renunciamos a ningún outro medio, pacífico por suposto, para evitar esta barbarie”, dijo el alcalde, quien invita al subdelegado y delegado del Gobierno a manifestarse en contra de esta decisión “e estar con nós”. La criminalidad baja 20 puntos en la Baixa Limia