La libertad religiosa no es patrimonio de los creyentes, sino de toda la familia humana, y es un elemento imprescindible de un estado de Derecho. No se puede negar sin dañar los demás derechos y libertades, ya que es un indicador del respeto de todos los demás derechos humanos, de ahí que no se le deba marginar, sino considerarla como una gran aportación al bien común.
El fanatismo y las prácticas contrarias a la dignidad humana nunca se pueden justificar, y menos aún si se pretenden realizar en nombre de una religión. Por eso, la libertad religiosa es la condición indispensable para la búsqueda de la verdad, de ahí que las leyes no se puedan configurar ignorando la dimensión religiosa de las personas. Por eso la dimensión pública de la religión tiene que ser reconocida respetando la laicidad positiva de las instituciones, para la armonía social y el recíproco enriquecimiento cultural.
