La profesionalización de la administración es uno de los grandes retos que tenemos delante.
Y no se me malinterprete, no quiero decir que ahora no exista sino que hay un concepto general de poca profesionalización e independencia, muchas veces justificado por el sistema que se está utilizando desde hace ya muchos años, y por parte de todos los partidos políticos para la cobertura de puestos de trabajo públicos. Para ello creo absolutamente imprescindible volver a la función pública, es decir, a la cobertura de plazas con los procedimientos de selección previstos para el ingreso en la misma, con lo que volveríamos a darle al personal de la administración el carácter que nunca debió cuestionarse y que supone la razón de ser del funcionariado.
Porque ¿para llevar adelante un programa de gobierno es realmente necesaria la contratación de personal de confianza, o es que, a sensu contrario, el funcionario genera desconfianza en el político? Y si es así, habrá que preguntarse por qué. ¿No es cierto que las contrataciones que se hacen de ese tipo de personal no tienen en cuenta, fundamentalmente, la capacitación de las personas, sino más bien la relación personal con quien les nombra?, cuando dentro de cualquier Administración pública existen profesionales suficientemente capacitados para llevar a cabo cualquier propuesta que se les encomiende y desde la más absoluta confianza, que da, precisamente, el carácter de independencia que les otorga el status de funcionario.
El primer paso de esta profesionalización de la administración pasa por acabar con el actual sistema de contrataciones temporales que, en la práctica, acaban siendo indefinidas y con el denominador común de no haber pasado por un proceso selectivo acreditativo del mérito y capacidad, y por lo tanto con un alto grado de dependencia con quien les ha nombrado o ha facilitado ese nombramiento. En la Administración existen suficientes profesionales independientes que pueden asesorar a cualquier cargo político, con independencia del color de la formación a la que representen, y si lo que necesitan es que esos asesores sean más de tipo político tienen dos vías: por un lado incluir a esas personas en las listas electorales correspondientes, y por lo tanto desempeñar un cargo político a todos los efectos, o por otro que sean los partidos los que se hagan cargo de estos gastos.
Porque ¿para llevar adelante un programa de gobierno es realmente necesaria la contratación de personal de confianza, o es que, a sensu contrario, el funcionario genera desconfianza en el político? Y si es así, habrá que preguntarse por qué. ¿No es cierto que las contrataciones que se hacen de ese tipo de personal no tienen en cuenta, fundamentalmente, la capacitación de las personas, sino más bien la relación personal con quien les nombra?, cuando dentro de cualquier Administración pública existen profesionales suficientemente capacitados para llevar a cabo cualquier propuesta que se les encomiende y desde la más absoluta confianza, que da, precisamente, el carácter de independencia que les otorga el status de funcionario.
El primer paso de esta profesionalización de la administración pasa por acabar con el actual sistema de contrataciones temporales que, en la práctica, acaban siendo indefinidas y con el denominador común de no haber pasado por un proceso selectivo acreditativo del mérito y capacidad, y por lo tanto con un alto grado de dependencia con quien les ha nombrado o ha facilitado ese nombramiento. En la Administración existen suficientes profesionales independientes que pueden asesorar a cualquier cargo político, con independencia del color de la formación a la que representen, y si lo que necesitan es que esos asesores sean más de tipo político tienen dos vías: por un lado incluir a esas personas en las listas electorales correspondientes, y por lo tanto desempeñar un cargo político a todos los efectos, o por otro que sean los partidos los que se hagan cargo de estos gastos.
