El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Propiedad Intelectual que introduce el derecho de empresas editoras de ser compensadas por el uso de sus contenidos, crea la ventanilla única para el pago de los derechos de propiedad intelectual y persigue a las páginas que albergan listados piratas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, explicaron que el proyecto de ley generaliza el derecho de cita a todos los ámbitos de la enseñanza y a la investigación e ilustración científica y se establece el derecho a compensación económica al autor en casos de reproducción de artículos.
Sobre la compensación a editores por el uso por los agregadores o buscadores de internet (con una clara referencia al popular Google), la medida incluida en el texto, autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos pero con un "derecho irrenunciable" de una compensación equitativa. Así, la norma adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores y reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos. También se amplia el plazo de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, pasando de 50 a 70 años.
Lucha contra la piratería
En materia de entidades de gestión, la norma recoge un catálogo detallado y sistemático de obligaciones de estas respecto a sus asociados y a las administraciones públicas; establece un cuadro de infracciones y sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones legales, que estarán vinculadas a un porcentaje de la recaudación que obtengan. Asimismo, establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago.
En lo que se refiere a la lucha contra la piratería, el proyecto de ley dota a la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo la estrangulación económica de las páginas web infractoras.
En caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos podrá imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros.
La ley revisa el concepto de copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, y mantiene la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien el Gobierno ha precisado de que este sistema es transitorio, a la espera de una armonización comunitaria.
Dentro de la revisión de los límites a los derechos de propiedad intelectual, se amplía el alcance de la excepción legal relativa a la ilustración en la enseñanza y la investigación. Así, se permite el uso gratuito de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada y la investigación.
Cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación más allá de pequeños fragmentos, por ejemplo, capítulos de libros o artículos de revistas, no será necesaria una autorización expresa, aunque devengará una remuneración que se tramitará a través de las entidades de gestión.n
