La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) pide condenar a 2 años y 6 meses de cárcel al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso. El juez consideró que el beso no se había dado con el consentimiento de la jugadora, durante la celebración de la victoria en la final del campeonato del mundo de fútbol femenino.
Mientras se conoce la petición de la Fiscalía para Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol continúa en Punta Cana, por "negocios". Así se lo comunicó a la magistrada Delia Rodrigo, en el marco de otro requerimiento judicial por presunta corrupción que implica al expresidente de la RFEF por la denominada "Operación Brody". En este caso se le investiga por su presunta relación con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años de gestión al frente de la federación.
Rubiales ha matizado que regresaría a España el próximo día 6 de abril, aunque se mostró "a disposición" de la Justicia.
Así mismo, en el escrito del ministerio fiscal, también se pide una pena de año y medio de cárcel para Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera por coacciones.
Investigación por corrupción
La decisión tiene lugar después de que el pasado viernes la juez dejara en libertad al que fue su asesor jurídico externo de la RFEF, Tomás González Cueto, y a Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que el sumario estaba declarado secreto.
En un auto dictado este mismo miércoles, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda ha recordado que los investigados que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial la semana pasada se acogieron a su derecho a no declarar "a la espera de poder tener acceso al contenido íntegro de la causa".
La instructora Delia Rodrigo ha explicado que "a los fines de no vulnerar el derecho de defensa de los investigados, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, procede alzar el secreto de las actuaciones".
La juez ha adoptado esta medida "para que los letrados puedan acceder al contenido del procedimiento y ejercer su labor de defensa, al no existir razón objetiva que justifique el mantenimiento del secreto en su día acordado por el juzgado".
