La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso aprobará hoy para su remisión al Senado el proyecto de ley de reforma de las pensiones, en un debate en el que los diputados del PP, ERC-IU-ICV, PNV y BNG sumarán sus fuerzas contra el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, aunque el PSOE salvará este punto con el apoyo de CiU tras pactar más de medio centenar de enmiendas en la fase de ponencia.
Los socialistas lograrán su objetivo de que la norma sea enviada al Senado antes de que arranque el Debate sobre el estado de la Nación y sin necesidad de que pase por el Pleno. Lo contrario, hubiera retrasado en dos semanas el trámite.
Según fuentes parlamentarias, a cambio de su apoyo al retraso de la jubilación en la votación clave de hoy, CiU logró arrancar una serie de acuerdos al PSOE que se han incorporado al informe de la ponencia y que no tendrán que volver a debatirse, según refleja el informe de la Comisión.
COMPROMISO
Concretamente, CiU ha logrado que el Gobierno se comprometa a revisar y mejorar los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral, de forma que analizarán los coeficientes que incrementan la pensión en caso de retraso voluntario para su posible modificación. También se alterarán las cláusulas de jubilación obligatoria de los trabajadores a una determinada edad, de forma que sólo serán efectivas si el trabajador puede aplicarse un porcentaje del 80% a la base reguladora para el cálculo de la pensión. Actualmente se aplica cuando tiene el período mínimo de cotización, es decir, el porcentaje del 50%.
Asimismo, y tras la polémica congelación de las pensiones contributivas en 2011, el Gobierno presentará un informe sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos cincos años para, en base a él, 'articular las medidas necesarias para recuperar este poder adquisitivo'.
Además, el Ejecutivo reformará 'en el plazo de un año' el marco normativo correspondiente a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dando entrada a los trabajadores autónomos y a las comunidades autónomas en sus órganos de supervisión y de control.
Otra de las enmiendas aceptadas por el PSOE contempla el traspaso a las comunidades autónomas de los inmuebles así como el patrimonio de la Seguridad Social adscrito a actividades sanitarias gestionadas por ésta, un extremo que también el Partido Popular ha rechazado.
Según fuentes parlamentarias, a cambio de su apoyo al retraso de la jubilación en la votación clave de hoy, CiU logró arrancar una serie de acuerdos al PSOE que se han incorporado al informe de la ponencia y que no tendrán que volver a debatirse, según refleja el informe de la Comisión.
COMPROMISO
Concretamente, CiU ha logrado que el Gobierno se comprometa a revisar y mejorar los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral, de forma que analizarán los coeficientes que incrementan la pensión en caso de retraso voluntario para su posible modificación. También se alterarán las cláusulas de jubilación obligatoria de los trabajadores a una determinada edad, de forma que sólo serán efectivas si el trabajador puede aplicarse un porcentaje del 80% a la base reguladora para el cálculo de la pensión. Actualmente se aplica cuando tiene el período mínimo de cotización, es decir, el porcentaje del 50%.
Asimismo, y tras la polémica congelación de las pensiones contributivas en 2011, el Gobierno presentará un informe sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos cincos años para, en base a él, 'articular las medidas necesarias para recuperar este poder adquisitivo'.
Además, el Ejecutivo reformará 'en el plazo de un año' el marco normativo correspondiente a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dando entrada a los trabajadores autónomos y a las comunidades autónomas en sus órganos de supervisión y de control.
Otra de las enmiendas aceptadas por el PSOE contempla el traspaso a las comunidades autónomas de los inmuebles así como el patrimonio de la Seguridad Social adscrito a actividades sanitarias gestionadas por ésta, un extremo que también el Partido Popular ha rechazado.
