Los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre del año un total de 447 lanzamientos
Los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre del año un total de 447 lanzamientos, de los que 343, el 76,7%, se debieron a impagos del alquiler, derivados pues de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Según los datos proporcionados ayer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), otros 89 desahucios se correspondieron con ejecuciones hipotecarias y los 15 restantes derivaron de otras causas. En comparación con el mismo periodo de 2019, antes de la crisis sanitaria, los lanzamientos ejecutados en la comunidad descendieron un 32 por ciento.
Si se comparan con los de 2020, los lanzamientos aumentaron un 438,6%, al pasar de 83 a 447, si bien las fuentes judiciales advierten de que el incremento no es significativo, ya que se debe a la incidencia de la pandemia en los órganos judiciales. De los datos del informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, hecho público ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se desprende que, en el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre abril y junio disminuyeron un 21,2% respecto a 2019. En Galicia se practicaron durante ese periodo 16,6 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 24,4 de media estatal.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año aumentó un 47% con respecto a 2019. Entre los meses de abril y junio de 2021, se presentaron 253 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 172 del año anterior a la crisis sanitaria. Por su parte, en el conjunto del Estado se presentaron 7.646, lo que supone un incremento del 98,2% con respecto a 2019.
El estudio también refleja que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Por tanto, recibieron un 31% menos que en 2019, cuando ingresaron 32, y un 18,5 por ciento menos que en el 2020.
