La titular del Ministerio de Empleo, Fátima Báñez, ha protagonizado una comparecencia que no estuvo caracterizada precisamente por el rigor. Ni la ministra fue rigurosa ni la oposición estuvo atenta para replicarle.
Debido al rápido envejecimiento de la población, a la precariedad laboral y a un sistema de protección en el que los trabajadores dependen poco de los ingresos que obtuvieron durante su vida laboral, es probable que en el futuro las pensiones caigan y exista una mayor desigualdad en los ingresos de los jubilados españoles. No lo dicen líderes opositores ni sindicales. Tampoco los empresarios. Es la posición razonada de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En España se habla mucho del problema de las pensiones pero, mientras el presidente Mariano Rajoy no lo promueva, nada se hace para resolverlo de manera consensuada con los agentes sociales, mediante una actualización del Pacto de Toledo. Y el problema no solo sigue ahí, sino que sube como la espuma, ya que los jóvenes tienen dificultades crecientes para trabajar, los ingresos por cotizaciones disminuyen y las nuevas pensiones son siempre más caras que las anteriores.
Pero peor que la inacción –o indecisión– del presidente del Gobierno es la posición engañosa de la ministra de Empleo. En su última comparecencia, Fátima Báñez contó tres medias verdades que dan que pensar.
Por un lado, la ministra de Empleo dijo que durante la crisis las pensiones no habían perdido poder adquisitivo, lo cual es cierto si se cuenta desde 2007, pero si se examina el período de su gestión, solo desde 2014 perdieron una décima de poder adquisitivo y más que perderán en cuanto la inflación tome una senda ascendente y las pensiones apenas se revaloricen.
Por otra parte, Fátima Báñez quiso hacer ver que el déficit de la Seguridad Social había descendido. No es cierto. Para ello, usó el truco de ponerlo en relación al Producto Interior Bruto (PIB) y como el PIB aumentó el saldo le sale favorable, pero el desfase en términos absolutos entre ingresos y gastos de la Seguridad Social creció.
Por último, la ministra de Empleo habló de pensiones más justas, una vez que se aplique el factor de sostenibilidad. Si son más o menos justas puede responder a un criterio subjetivo, pero hay un dato que es completamente objetivo: la pensión media en España perderá 75 euros durante el año 2019 por el mero efecto de aplicar el factor de sostenibilidad.
A la vista de estas tres medias verdades, ni la ministra fue rigurosa ni la Oposición estuvo atenta para replicarle a fondo. En este caso no se trata de un asunto menor: se supone que es prioritario para el Gobierno y los partidos opositores. De hecho, las pensiones mueven ya más del 10% del PIB español, dos puntos por encima del nivel previo a la crisis, de ahí su importancia para la cohesión social del país.
¿Por dónde irán ahora las cosas? El nuevo Pacto de Toledo deparará probablemente reformas de calado, como la separación de las pensiones contributivas de las que no lo son, la financiación con impuestos además de las cotizaciones y la adaptación de determinadas pensiones –orfandad, viudedad, etcétera– a la realidad de esta época.
Atrás quedan las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Zapatero (2011) y de Rajoy (2013): retraso de la jubilación hasta los 67 años, cambio de la base de cálculo de 15 a 25 años, aplicación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019. Reformas ya superadas por las circunstancias, como advierte la OCDE.
@J_L_Gómez
