El juicio por el ’caso Gescartera’ ha cumplido su cuarta semana de vistas orales sin que de los datos aportados por testigos, expertos o acusados se deduzca el destino final de los 90 millones de euros depositados por los inversores y que se han esfumado sin dejar rastro.
Declaraciones contradictorias y un entramado de empresas, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales, complican cualquier intento de dar con su paradero. Precisamente esta dificultad es el arma principal en la defensa de los acusados.
Tras casi un mes de juicio y la comparecencia de catorce imputados y más de una veintena de testigos, nadie ha podido explicar en el juicio de Gescartera el paradero de buena parte de los 90 millones de euros que invirtieron los clientes de la agencia de valores. Lo único claro, antes de que comience la quinta semana de este macrojuicio que se desarrolla en las instalaciones de la Audiencia Nacional, son los datos ofrecidos por los interventores Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de rastrear las cuentas y liquidaciones de valores de Gescartera.
En 2001, tan sólo aparecieron 2,43 millones de euros, un 2,7% de los 90 millones de euros aportados por inversores, con lo que el resto del dinero, incluido un agujero patrimonial estimado en 50 millones de euros, podría tener diferentes destinos, incluido el de la apropiación indebida por la que se acusa a los catorce imputados. El ’descuadre’ de cuentas junto al destino de este dinero ha sido una de las armas más utilizadas por las defensas de los principales imputados.
El dueño de Gescartera, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide once años de cárcel por apropiación indebida, sostiene que asumió ’personalmente’ las pérdidas por errores del departamento de gestión y, por ello, tanto él como su familia y sus sociedades perdieron más de 3.165 millones de pesetas (19,02 millones de euros). No es de la misma opinión el número 2 de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, para quien estos noventa millones de euros están en Estados Unidos (concretamente, en Belice, Georgia y Denver) y la Isla de Jersey (Reino Unido), lo que descartaría la existencia de un ’desfase patrimonial’ que le achaca el fiscal y las acusaciones.
Un informe policial habla de varias sociedades relacionadas con el abogado barcelonés Salvador Bartolomé y constituidas en paraísos fiscales con los nombres ’Grupo Praetor’, ’Selection UK LTC’, ’Stock Selection Ltd’ y ’Millridge Investments Ltd’, y un trust en Jersey por 4.274 millones de pesetas (25,68 millones de euros).
Otros imputados hablan de varias cuentas del HSBC en Londres, desde las que Antonio Camacho presuntamente iba a ’repatriar’ el dinero de los clientes hacia una Sociedad de Inversión de Capital Variable (sicav) en Luxemburgo, una excusa como otras utilizadas para tratar de engañar a la CNMV. De estos 38,6 millones de euros de los clientes, en el año 2000, no se conoce el paradero, porque la pista del dinero, igual que la de los cheques que firmó el apoderado Javier Sierra de la Flor, también imputado, por más de 1.328 millones de pesetas, se pierden presuntamente en el entramado de empresas.
