La formación morada pretende limitar los precios del alquiler, propuesta que rechazan los socialistas
En la recta final de la negociación de los presupuestos de 2022 aumentan los roces y presiones entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de asuntos como la regulación del alquiler, que los socialistas quieren desvincular de las cuentas pero que para la formación morada es una de las principales exigencias. Por ello, Unidas Podemos redobló su presión al registrar el jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley al margen de la que negocia con el Ejecutivo, que persigue el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo con el fin de erradicar los desahucios sin alternativa habitacional.
Lo hizo junto a otro ochos partidos del bloque parlamentario de izquierdas (Más País, Bildu, ERC, CUP, Junts, Compromís, BNG y Coalición Canaria) y más de 120 organizaciones sociales encabezadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas y Nadie Sin Hogar. Un gesto que, sin embargo, los socialistas no entienden como una forma de presionar ni como una deslealtad por parte de su socio en el Gobierno de coalición. “En absoluto nos sentimos presionados... todo lo que sea enriquecer el planteamiento legislativo, mejor”, declaró a los medios el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, que asegura que las negociaciones de presupuestos dentro del Gobierno avanzan a falta de depurar “flecos”.
ESCENOGRAFÍA
Es el sentir común entre los socialistas, que consideran que las exigencias presentadas por Unidas Podemos forman parte de las negociaciones y de una “escenografía” orientada a marcar perfil propio y hacerse valer frente a sus votantes. Unidas Podemos quiere cerrar las negociaciones iniciadas con el PSOE sobre la nueva ley de vivienda para hacer lo mismo con los presupuestos de 2022.
La formación morada pretende entre otros asuntos poner un límite a los precios del alquiler, una posibilidad de difícil encaje para los socialistas, que mantienen sobre la mesa la propuesta planteada por el exministro de Transportes y Agenda Urbana José Luis Ábalos de regular los precios mediante incentivos fiscales.
En el PSOE insisten además en que la vivienda es un asunto que les preocupa pero que quieren desvincular de los presupuestos que, según subrayan, es una ley distinta y más urgente. De hecho, para la ley de vivienda el PSOE no ha planteado ningún calendario concreto pero para los presupuestos sí: confía en aprobarlos en el Consejo de Ministros en la primera mitad de octubre, barajando fechas como el día 5 de este mes.
De conseguirse, sería antes que el año pasado, cuando las cuentas se aprobaron en el Consejo de Ministros del 27 de octubre, pero fuera del plazo normativo que establece que los presupuestos tienen que llegar al Congreso de los Diputados antes de finales de septiembre.
Los miembros del Gobierno de Unidas Podemos no dudan de que los presupuestos de 2022 saldrán adelante pero prefieren tratar este asunto sin prisas, por lo que a diferencia de los socialistas no precisan plazos ni fechas.
El Estado recauda en ocho meses una cuarta parte de lo previsto
Las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos 2021 han logrado una recaudación de 777 millones de euros en los ocho primeros meses del año, apenas una cuarta parte de lo previsto para el conjunto del ejercicio. De acuerdo con los datos del informe de recaudación de agosto de la Agencia Tributaria, el impacto presupuestario está lejos del estimado (3.230 millones para todo el año), aunque hay que tener en cuenta que el calendario de pagos hace que algunas de las medidas se reflejen con retraso.
La medida que más impacto recaudatorio ha tenido en estos ocho meses ha sido la subida del tipo del impuesto sobre las primas de seguro -que pasó del 6 % al 8 %-, que ha sumado 276 millones de euros y cuya estimación para el año es de 455 millones. Le sigue la puesta en marcha del impuesto sobre transacciones financieras, con 185 millones, que se encuentra muy lejos de los 850 millones previstos para 2021 tras sus primeras liquidaciones.
Aún más rezagado va el impuesto sobre determinados servicios financieros, que tras liquidar los dos primeros trimestres del año solo ha recaudado 92 millones de euros, cuando su previsión es de 968 millones para el año.
Los impuestos digital y financiero figuraban en las cuentas de 2021, aunque se tramitaron en leyes independientes y el Gobierno los defendió como elementos clave para incrementar la recaudación en el contexto de la pandemia. Los Presupuestos también subieron el IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas, una medida que ha permitido ingresar 137 millones.
