Es tal el desbarajuste económico con las pensiones –inviables, sin reformas–, las inversiones públicas –diezmadas– y la deuda –desmesurada–que solo una reforma fiscal rigurosa podrá hacer posible las soluciones.
A pesar los progresos, que también los hay, España arrastra el mayor déficit público de la Unión Europea, su recaudación fiscal es de las más rezagadas de la zona euro y la inversión pública está en mínimos históricos: por debajo del 2% del PIB. La ortodoxia económica –incluso el sentido común, que diría Mariano Rajoy– debería aconsejar elevar la inversión pública y no bajar los impuestos, con el fin de muscular la economía, crear empleo y reducir el déficit, sin generar más deuda, sino más bien justo lo contrario. Pero las prioridades no parecen ser esas, sino revalorizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios, que está fenomenal –máxime cuando se puede–, lo cual no quiere decir que sea la prioridad de España en estos momentos, salvo que el propósito sea el electoral.
Es evidente que España precisa recuperarse de la devaluación salarial, un saco en el que caben los trabajadores del sector privado, los funcionarios, los pensionistas y los autónomos. Tampoco debería discutirse la conveniencia de elevar los ingresos por el impuesto de sociedades, cuando menos hasta el nivel alcanzado en 2007; es decir por encima de los 40.000 millones de euros. Es la gran asignatura fiscal de este Gobierno. Pero ni una cosa ni otra se podrán llevar a cabo si el modelo de economía productiva del país no es el adecuado.
A la vista de los Presupuestos –el principal instrumento de la política económica de cualquier Gobierno– da la impresión de que hay muchas alegrías: o bien porque se sabe que no se aprobarán y el papel puede con todo o bien porque su ejecución será tan corta que su aplicación real no cambiará el curso del Amazonas. Tal vez haya gato encerrado o simplemente una buena dosis de populismo, que es algo que en España cotiza al alza, aunque sea un mal remedio como política económica.
El documento presupuestario del Gobierno se vende bien, otra cosa es que sea sostenible y no mera flor de un día. Casualmente, la crítica de la Oposición tampoco ha sido muy ortodoxa, lo cual parece dar lugar a una carrera a ver quien reparte más dinero, como si éste fuese ilimitado.
Del PSOE, que es el partido que lidera la Oposición y ha gobernado durante muchos años España, cabría esperar un análisis que partiese de compartir el techo de gasto y del que se dedujese cuál sería su política económica socialdemócrata, sin caer en las subastas de prebendas, por muy tentador que resulte hacerlo.
España precisa una reforma fiscal integral, y no más remiendos. Y los ciudadanos tienen derecho a saber –y a decidir– cuál debe ser el tamaño de su economía pública, para a partir de ahí concretar qué ingresos fiscales son necesarios y qué partidas deben repartirse el gasto, sin aumentar el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB. Hacerlo al revés –repartir dinero con una manguera sin mirar primero si hay fondos – puede durar bien poco.
Los Presupuestos de Rajoy, si son sostenibles, no son malos y criticarlos por insuficientes puede quedar bien pero no por ello supone introducir rigor en el análisis. Su fragilidad puede estar en su consistencia, hasta el punto de que puede faltar dinero para todo lo que se quiere hacer. Presupuestar al alza sobre la base de un crecimiento de los ingresos fiscales que no se va a producir lleva automáticamente a incrementar la deuda pública, cuya montaña ya es lo suficientemente grande. ¿O no?
@J_L_Gómez
