Valencia, la primera comunidad que pide el 'rescate' español para pagar sus deudas

Valencia fue la primera comunidad en pedir su adhesión al fondo de liquidez autonómico para poder hacer frente a los vencimientos de deuda de este año y al pago de proveedores, según acordó ayer el Gobierno valenciano.
Esta adhesión, que se produce una semana después de aprobarse este mecanismo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), está sujeta a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y supone la aceptación del 'control financiero y fiscal por parte del Gobierno central'. Así lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, quien afirmó que la ayuda evitará retirar fondos de las políticas sociales y el encarecimiento de los préstamos en renegociaciones y permitirá el pago a las farmacias, con las que la Generalitat mantiene una deuda de unos 500 millones de euros.

Según los planes económico-financieros que las comunidades autónomas registraron en el Ministerio de Hacienda, los vencimientos de deuda en lo que queda de año llegan a más de 15.000 millones de euros, de los que a la Comunidad Valenciana corresponde el 22,69 %, lo que supondría unos 3.400 millones.

Los problemas financieros de la Generalitat Valenciana comenzaron a hacerse visibles a principios de este año al trascender públicamente el retraso en la devolución de un vencimiento de deuda contraída con el Deutsche Bank, por 123 millones de euros, que no pudo atender por falta de recursos.

La devolución, aunque en algunos medios se especuló con que tuvo que contar con el aval del Tesoro, se sustanció una semana después a través de recursos propios de la Generalitat.

Entonces el Gobierno valenciano aseguró que esto no constituía ningún 'procedimiento extraordinario' aunque admitió que tenía 'dificultades de liquidez', lo que podía generar retrasos en el pago de los vencimientos.

El Gobierno valenciano siempre confió en los últimos meses en las aportaciones del Ejecutivo central para continuar obteniendo liquidez y así poder hacer frente a los retrasos en el pago a proveedores, que presentaron facturas por importe de 4.354 millones.

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