La Xunta anunció ayer su disposición a acudir al Tribunal de Luxemburgo para 'impugnar' la posible aplicación del decreto del carbón aprobado por el Gobierno español, al considerar que 'condena la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama-Cerceda'.
Así lo manifestó el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, quien explicó que el Ejecutivo autonómico recurrirá también a la justicia española para denunciar el decreto que prima a las centrales que utilizan carbón autóctono frente a las que lo importan y a las de ciclo combinado que usan gas natural como combustible.
Tahoces explicó que esta decisión perjudica a las centrales térmicas gallegas de ciclo combinado porque 'para que las que utilizan carbón nacional puedan funcionar, es necesario que otras limiten su actividad'.
A este respecto, el responsable de Industria señaló que en un primer momento la normativa establecía una serie de compensaciones económicas para estas empresas que garantizaban la viabilidad económica de ambas centrales gallegas por lo que se verían afectados los 2.000 empleos directos e indirectos que generan en la Comunidad.
No obstante, Tahoces destacó que la Comisión Europea todavía está estudiando si estas compensaciones económicas son legales ya que, según afirmó el responsable de la Xunta, el máximo órgano europeo ha notificado al Gobierno español que podría tratarse de ayudas de Estado 'claramente incompatibles' con la normativa europea.
Tahoces denunció que, ante esta situación, el Gobierno ha preparado una 'modificación' del decreto en la que 'desaparecen' las compensaciones económicas a las centrales que deben reducir su actividad, lo que 'condena' la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y de Meirama.
Además, el director general de Industria, apuntó que esta decisión significa un 'torpedo directo' a los niveles de empleo tanto de las propias centrales como de la industria auxiliar, 'sin olvidar el efecto dominó que esto va a tener en la actividad portuaria de A Coruña y Ferrol' que supondrán pérdidas de 20 millones de euros al año.
rechazo generalizado
El decreto aprobado por el Gobierno ha suscitado rechazo generalizado en Galicia, hasta el punto de que el propio PSdeG hizo pública su petición al Ministerio de Industria de que 'no se perjudique a las térmicas gallegas'.
Muy crítico ha sido también el Bloque Nacionalista Galego, aunque también ha responsabilizado a la Xunta por 'haber estado ausente' de la gestación del mencionado decreto.
Igualmente se han pronunciado en términos críticos la Confederación de Empresarios y los sindicatos, al considerarlo 'lesivo' para los intereses de Galicia, ya que condena a las térmicas de la provincia de A Coruña, lo que llevará aparejada la pérdida de alrededor de dos mil puestos de trabajo.
Tahoces explicó que esta decisión perjudica a las centrales térmicas gallegas de ciclo combinado porque 'para que las que utilizan carbón nacional puedan funcionar, es necesario que otras limiten su actividad'.
A este respecto, el responsable de Industria señaló que en un primer momento la normativa establecía una serie de compensaciones económicas para estas empresas que garantizaban la viabilidad económica de ambas centrales gallegas por lo que se verían afectados los 2.000 empleos directos e indirectos que generan en la Comunidad.
No obstante, Tahoces destacó que la Comisión Europea todavía está estudiando si estas compensaciones económicas son legales ya que, según afirmó el responsable de la Xunta, el máximo órgano europeo ha notificado al Gobierno español que podría tratarse de ayudas de Estado 'claramente incompatibles' con la normativa europea.
Tahoces denunció que, ante esta situación, el Gobierno ha preparado una 'modificación' del decreto en la que 'desaparecen' las compensaciones económicas a las centrales que deben reducir su actividad, lo que 'condena' la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y de Meirama.
Además, el director general de Industria, apuntó que esta decisión significa un 'torpedo directo' a los niveles de empleo tanto de las propias centrales como de la industria auxiliar, 'sin olvidar el efecto dominó que esto va a tener en la actividad portuaria de A Coruña y Ferrol' que supondrán pérdidas de 20 millones de euros al año.
rechazo generalizado
El decreto aprobado por el Gobierno ha suscitado rechazo generalizado en Galicia, hasta el punto de que el propio PSdeG hizo pública su petición al Ministerio de Industria de que 'no se perjudique a las térmicas gallegas'.
Muy crítico ha sido también el Bloque Nacionalista Galego, aunque también ha responsabilizado a la Xunta por 'haber estado ausente' de la gestación del mencionado decreto.
Igualmente se han pronunciado en términos críticos la Confederación de Empresarios y los sindicatos, al considerarlo 'lesivo' para los intereses de Galicia, ya que condena a las térmicas de la provincia de A Coruña, lo que llevará aparejada la pérdida de alrededor de dos mil puestos de trabajo.
