El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, animó ayer a los bancos, entidades financieras y cajas de ahorros para que 'se declaren insumisos ante los desahucios'.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, tras realizar una visita institucional al Ayuntamiento de este municipio, Valderas dijo que el decreto ley antidesahucios aprobado por la Junta 'abre una posibilidad de colaboración estrecha' entre entidades financieras y el Gobierno de la Junta.
En esa línea, les adelantó para que, 'de la mano de este decreto, ellos mismos se declaren insumisos' ante los desalojos de viviendas y 'contribuyan a que Andalucía sea un territorio libre de desahucios'.
En este sentido, el vicepresidente de la Junta consideró que este decreto 'es también un reto y un desafío para el poder financiero'. Valderas insistió en defender la legitimidad y constitucionalidad de este decreto ley y espera que el Gobierno central 'no lo recurra y tenga suficiente altura de miras para entender que es un decreto de servicio a la mayoría'.
Si el Ejecutivo de Mariano Rajoy decide recurrirlo 'significaría que el rostro del Gobierno central se pondría del lado de los bancos e inmobiliarias antes que del lado de las familias y los ciudadanos'.
No obstante, dijo que seguirán apoyando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe en el Congreso la dación en pago.
Por otro lado, informó de que el Consejo de Gobierno llevará en dos semanas otro 'importante decreto' que se trata del plan de acción social andaluz dotado con 80 millones de euros. El objetivo de este plan es 'atender a familias que tienen más necesidades y están al límite', indicó Valderas.
En esa línea, les adelantó para que, 'de la mano de este decreto, ellos mismos se declaren insumisos' ante los desalojos de viviendas y 'contribuyan a que Andalucía sea un territorio libre de desahucios'.
En este sentido, el vicepresidente de la Junta consideró que este decreto 'es también un reto y un desafío para el poder financiero'. Valderas insistió en defender la legitimidad y constitucionalidad de este decreto ley y espera que el Gobierno central 'no lo recurra y tenga suficiente altura de miras para entender que es un decreto de servicio a la mayoría'.
Si el Ejecutivo de Mariano Rajoy decide recurrirlo 'significaría que el rostro del Gobierno central se pondría del lado de los bancos e inmobiliarias antes que del lado de las familias y los ciudadanos'.
No obstante, dijo que seguirán apoyando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe en el Congreso la dación en pago.
Por otro lado, informó de que el Consejo de Gobierno llevará en dos semanas otro 'importante decreto' que se trata del plan de acción social andaluz dotado con 80 millones de euros. El objetivo de este plan es 'atender a familias que tienen más necesidades y están al límite', indicó Valderas.
