El Tribunal Supremo ha anulado la pretensión del expresidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta
El "abuso de derecho" que cometió Ramírez consistió en dimitir de su cargo dos días antes de que la junta de accionistas anulara el sistema de jubilación que él había auspiciado y que le iba a permitir cobrar esos 21 millones de euros de pensión, según el Supremo.
En una sentencia notificada hoy el alto tribunal ha acogido el recurso de Mutua Madrileña y le ha dado la razón contra la pretensión de su expresidente, cuya conducta califica de "contraria a las exigencias de la buena fe y socialmente reprobable".
"La dimisión del Sr. Ramírez como consejero, dos días antes de la junta general del 30 de mayo de 2008 en la que presumiblemente se iba a dejar sin efecto" su derecho a cobrar una pensión millonaria "no solo pone en evidencia que el propósito de tal renuncia fue tratar de devengar ese derecho", al que no podría aspirar si cesaba una vez fuera aprobada la modificación estatutaria, sino que además constituye "un abuso de derecho".
Así lo señala la sentencia del alto tribunal, que también recuerda que Ramírez fue consejero de Mutua desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 28 de mayo de 2008, fecha en que renunció, y también que ejerció el cargo de presidente del consejo desde el año 2002.
En 2005 el cargo de consejero pasó a ser retribuido y además se introdujo un derecho a pensión vitalicia para los consejeros que hubieran desempeñado su cargo durante dos o más mandatos, siempre que hubieran permanecido en el puesto durante los últimos cinco años antes de su cese y una vez cumplidos los 65 años.
La cuantía de la pensión se amplió en 2007 y fue entonces cuando la Dirección General de Seguros alertó a la Mutua de que tal sistema de pensiones no era compatible con la moderación retributiva deseable para una entidad de seguros.
"El consejo de administración, al caer en la cuenta de las consecuencias que para la entidad podría suponer esta previsión y del abuso que suponía, decidió ya en enero de 2008 dejarla si efecto", a lo que añadió la renuncia de todos los consejeros, con excepción de Ramírez.
Pero la Junta de Accionistas debía, poco después, ratificar dicha decisión. Fue en ese ínterin, antes de que se dejara sin efecto su pensión, a la que podía tener derecho si cesaba porque ya había cumplido los 65 años, cuando Ramírez dimitió de su cargo.
El Supremo "no cuestiona" el derecho a dimitir de Ramírez pero añade que "otra cosa" es "el propósito que le movía a hacerlo", que no era otro que evitar perder el derecho a cobrar la pensión citada, lo cual sí constituye un abuso de derecho que, como tal, no avala el alto tribunal.
