El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, afirma que será el Congreso el que decidará sobre la reforma
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó ayer que será el Consejo de Ministros quien decida el contenido final del proyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.
En declaraciones a los medios en el marco del IX Congreso del Club Español de Arbitraje, Gallardón contestaba así en relación a la posibilidad de que se suavice el anteproyecto para los casos de malformación fetal y/o incompatibilidad con la vida, asuntos ambos que plantearon tanto el informe del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo Fiscal.
No obstante, ambos informes, junto al del Comité de Bioética, están aún bajo estudio en el Ministerio de Justicia que no solicitó, por el contrario, opinión al Consejo de Estado.
Por su parte, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados y miembro del Partido Popular, Celia Villalobos, volvió a manifestarse en contra de la reforma de la Ley del Aborto que lidera el ministro de Justicia: "Yo lo que espero es que la ley nunca llegue al Congreso".
Así lo manifestó a los medios la diputada 'popular', durante la reinauguración de la Sala Prim, un espacio que fue rehabilitado, en la Cámara Baja, preguntada sobre la previsible llegada al Congreso de los Diputados de la reforma, tras su posible y cercana aprobación en el Consejo de Ministros. Eso sí, Villalobos declinó hacer declaraciones sobre la previsible regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ante los casos de malformación fetal. "Yo no tengo intención de hablar de eso", señaló la vicepresidenta.
Gracias a esta reforma liderada por el ministro Gallardón, fueron ya tres los 'desplantes' al Partido Popular, en votaciones que pedían la retirada del proyecto de ley y por los que tuvo que llegar a pagar hasta 500 euros de multa en un par de ocasiones.
Mientras, ayer un total de 176 organizaciones enviaron una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que solicitan la retirada del anteproyecto de la ley del aborto por considerar que éste "no respeta" las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos.
Las organizaciones defienden que la aprobación definitiva de la reforma del aborto provocaría "múltiples" vulneraciones del derecho a la salud, a la vida y a la información de las mujeres y niñas "afectando de manera desproporcionada" a las más vulnerables.
