El PSOE y el PP alcanzaron el jueves un acuerdo que permitirá en las próximas semanas la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.
El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Tribunal Constitucional afianza, a priori, el equilibrio de fuerzas entre los bloques progresista y conservador, algo fragmentados por determinadas votaciones de los magistrados salientes, pero ante todo oxigena a un tribunal que arrastraba un ambiente excesivamente tenso. Fuentes del tribunal de garantías explican que se trata de un acuerdo en el que ganan socialistas y populares pero “especialmente gana mucho el Tribunal Constitucional”.
Y es que la situación en el tribunal “estaba excesivamente tensa”, por la incertidumbre de tener parte de sus miembros con los mandatos caducados, sin saber cuando iban a ser renovados, por lo que cada pleno podía ser el último para ellos. A ello, añaden las fuentes, se unía la pérdida de autoridad del presidente y la irregularidad que suponía la salida de Fernando Valdés hace un año del tribunal por un asunto de malos tratos, que desequilibraba mucho la relación entre conservadores y progresistas. Ahora, se vuelve a un 7-5 -a favor de los primeros- que facilitará los consensos cuando aborden asuntos de envergadura como la eutanasia, el segundo estado de alarma, la Ley Celáa y el aborto. Se trata de un acuerdo en el que, previsiblemente, populares y socialistas podrán elegir dos vacantes para el tribunal de garantías más afines y alineados que los magistrados salientes, cuyas posiciones en algunos asuntos clave no se han entendido ni en Ferraz ni en Génova.
Del bloque conservador salen el presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero, dos magistrados que en los últimos tiempos se han desmarcado de los suyos en votaciones de asuntos de calado provocando un distanciamiento que el PP miraba con preocupación. Especialmente con el todavía presidente del tribunal. En Génova no gustó que González Rivas se alinease con los progresistas en la votación del primer estado de alarma, o que con su voto de calidad decidiera que Toni Cantó y Agustín Conde no concurrieran en la lista de los populares para las autonómicas del 4 de mayo. Tampoco que en el último pleno votara en contra de declarar inconstitucional la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas del primer estado de alarma.
Ollero tampoco gozaba ya de todas las simpatías en el PP. Como Rivas, se alejó de los conservadores en el primer estado de alarma. Hizo lo mismo al votar en contra de anular el decreto ley por el que el Gobierno nombró a Rosa María Mateo presidenta provisional de RTVE; o la sentencia en la que proponía absolver a un sindicalista de ultraje a la bandera de España.
Los populares ven a Ollero como un magistrado cada vez más imprevisible, nada que ver con los tiempos en los que compartieron bancada durante 17 años en el Congreso, por lo que con su salida -y la de Rivas- el PP confía en que no haya más fisuras en el bloque conservador. Ahora bien, su salida liberará la ponencia del recurso del PP contra la Ley del Aborto -Ollero es un declarado antiabortista-, que el tribunal tenía previsto abordar en los próximos meses, aunque habrá que ver la posición que adopta el futuro presidente al respecto, si impulsa el recurso o lo mantiene en el cajón.
Se trata del hueco que dejó libre Fernando Valdés, quien precisamente renunció como magistrado hace justo un año tras ser procesado por el Supremo por un delito de malos tratos, por lo que desde entonces el tribunal ha contado con un magistrado de menos. De esta forma, con los dos magistrados que elegirá el PSOE, los progresistas no solo recuperaran uno sino que confían en afianzar el otro que sustituirá a la vicepresidenta Encarnación Roca.
Con Roca paso lo mismo que con Ollero. Nombrada a propuesta del PSOE, no suele alienarse siempre con los postulados del que aparentemente es su sector en el tribunal de garantías. Dos ejemplos que no gustaron en Ferraz fue su aval a la prisión permanente revisable rechazando el recurso del PSOE en una sentencia en la que precisamente ella fue la ponente; y sobre todo su voto a favor de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma, hasta el punto de que la oposición denuncia una llamada de la exvicepresidenta Carmen Calvo para presionarla, pues su voto era el que podía decantar la votación a un lado u otro.
OPCIONES A LA PRESIDENCIA
Así las cosas, la llegada de los cuatro magistrados supondrá un refuerzo de ambos bloques con cinco progresistas y siete conservadores, quienes ahora deberán elegir un nuevo presidente, que según una norma no escrita tendrá que salir de entre los cuatro magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato. Estos son los conservadores Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares más el progresista Juan Antonio Xiol, quien casi con seguridad será el vicepresidente. Según la fuentes, González Trevijano es quien cuenta con más papeletas para asumir la presidencia por ser una figura ampliamente respetada entre aquellos que comparte sensibilidad, si bien su mandato podría ser efímero puesto que forma parte del cupo que deberá ser renovado el junio, cuando entonces sí los socialistas esperan rematar el cambio de mayorías en el TC.
