La Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social entró en vigor tras su publicación ayer en el BOE.
La nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aunque incluye como medida 'estrella' la suspensión durante dos años de los desahucios en los que se cumplan condiciones de especial vulnerabiliad.
En este caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo.
Los requisitos económicos imponen que los ingresos de la unidad familiar no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es de 1.595,53 euros.
La norma se adapta también a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener un desahucio cuando detecten cláusulas abusivas, y amplía de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.
Por otro lado, la reforma incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años y promueve un Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler destinado a familias desahuciadas que ya funciona desde enero. El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más.
En este caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo.
Los requisitos económicos imponen que los ingresos de la unidad familiar no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es de 1.595,53 euros.
La norma se adapta también a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener un desahucio cuando detecten cláusulas abusivas, y amplía de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.
Por otro lado, la reforma incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años y promueve un Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler destinado a familias desahuciadas que ya funciona desde enero. El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más.
