Estrasburgo condenó a España en 2011 a pagar 20.000 euros al exportavoz de Batasuna por vulnerar su derecho a la libertad de expresión
El Gobierno indemnizará 'con disgusto' al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenara a España en 2011 a pagar al líder de la izquierda abertzale con 20.000 euros. La indemnización fue motivada por los 'daños morales' que se le había causado a Otegi al considerar que se vulneró su derecho a la libertad de expresión al condenarle por injurias al Rey.
El Ministerio de Justicia ha procedido a tramitar la sentencia que en marzo del pasado año condenó a España a pagar 20.000 euros -más 3.000 de costas- a Otegi por los 'daños morales' que le había causado al vulnerar su derecho a la libertad de expresión cuando fue condenado a un año de prisión por llamar al Rey 'responsable de los torturadores'.
Así lo ha confirmado este jueves el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha señalado que acatará 'con disgusto' la resolución del TEDH, si bien ha manifestado su 'discrepancia' con la misma pero, a la vez, su 'acatamiento'.
'El respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo para que el Ejecutivo pueda manifestar su discrepancia con las decisiones', ha agregado el ministro en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.
'Discrepancia y acatamiento. Esa es la postura del Gobierno. Discrepamos la sentencia en sí misma, ya lo hicimos en su día; discrepamos que se haya impuesto una obligación de pago de 20.000 euros a Otegi, pero la acatamos', ha asegurado.
'MÁS CONFORME' CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
En este sentido, Gallardón ha aclarado que el Gobierno debe respetar las decisiones del TEDH, aunque 'esté más conforme con las resoluciones de la justicia ordinaria española ratificadas por el Tribunal Constitucional'.
Por ello el ministro de Justicia ha recalcado que es su obligación no quebrantar los convenios internacionales firmados por España por los cuales el Estado asume estar sometido 'a una jurisdicción supranacional, tanto si le gusta como si no'.
'No soy yo partidario de lo que se ha hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros, porque no me guste la resolución. Prefiero pensar que no han tenido un conocimiento tan extenso, como sí lo han tenido nuestros tribunales. Pero nuestra discrepancia teórica y jurídica y el disgusto no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal', ha manifestado.
Posteriormente, en una rueda de prensa conjunta con la consejera de Justicia del País Vasco, Idoia Mendía, con la que se ha reunido, Ruiz-Gallardón ha insistido en que España es 'un Estado que acata las decisiones judiciales incluso de aquéllas de las que discrepa'.
Al mismo tiempo, el ministro ha vuelto a insistir en mostrar su 'coincidencia plena' con las resoluciones del Supremo y el Constitucional que condenaron a Otegi. 'Lo hacemos sin ningún tipo de satisfacción, reiterando nuestra discrepancia y ello no supone ninguna descalificación al Tribunal Europeo ni a las personas que la han adoptado', ha indicado.
Preguntado por el informe que a finales de este mes debe ser presentado a Estrasburgo sobre las medidas adoptadas en España para evitar condenas como las de Otegi en el futuro, el titular de Justicia ha afirmado que ' la garantía del cumplimiento de los derechos humanos es absoluta' porque nuestro estado de Derecho 'tiene una fortísima salud'.
'SOBREPROTECCIÓN' AL REY
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que se hizo pública el pasado 15 de marzo, criticaba la 'sobreprotección' de la legislación española respecto a la figura del Rey y señalaba que la pena que se impuso a Otegi por un delito de injurias a la Corona era 'particularmente severa' y 'desproporcionada'.
'El hecho de que el Rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado, no puede ponerle al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales', señalaba la resolución, impuesta en abril de 2005 por el Supremo y confirmada en julio de 2006 por el Constitucional.
Las declaraciones que Otegi hizo el 26 de febrero de 2003, días después del arresto de diez trabajadores del diario 'Egunkaria', tras una visita efectuada por el Rey Juan Carlos a Vizcaya, superaban de manera 'patente' el nivel de lo lícito por su notorio 'carácter infame', según la sentencia impuesta por el TEDH.
El exportavoz de Batasuna ocupaba por aquel entonces el cargo de portavoz del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Cumplió la condena impuesta entre el ocho de junio de 2007 y el 30 de agosto de 2008 y reclamó al TEDH una indemnización de 78.586 euros por 'la pérdida de emolumentos como parlamentario vasco a causa del encarcelamiento'.
Para ello, el líder de la izquierda abertzale se refirió a las torturas que los arrestados de 'Egunkaria' habían denunciado y aseguró en referencia al monarca: '¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en Bilbao con el rey de España cuando el Rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia?'.
La sentencia de Estrasburgo recordaba que las 'críticas' de Otegi no atentaron contra la vida privada del Rey o su honor personal, así como tampoco cuestionaron la forma en la que el monarca accedió a sus funciones oficiales ni le atribuían responsabilidad individual en la comisión de una infracción penal concreta.
A juicio de los magistrados, el derecho a la libertad de expresión es 'precioso' para todos pero, más aún, en su opinión, para 'un cargo elegido por el pueblo' como lo era entonces Otegi en calidad de parlamentario.
También defendían que las manifestaciones realizadas por el exportavoz de Batasuna eran 'un juicio de valor' que puede enmarcarse 'en un debate más amplio sobre la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en casos de malos tratos'.
El Ministerio de Justicia ha procedido a tramitar la sentencia que en marzo del pasado año condenó a España a pagar 20.000 euros -más 3.000 de costas- a Otegi por los 'daños morales' que le había causado al vulnerar su derecho a la libertad de expresión cuando fue condenado a un año de prisión por llamar al Rey 'responsable de los torturadores'.
Así lo ha confirmado este jueves el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha señalado que acatará 'con disgusto' la resolución del TEDH, si bien ha manifestado su 'discrepancia' con la misma pero, a la vez, su 'acatamiento'.
'El respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo para que el Ejecutivo pueda manifestar su discrepancia con las decisiones', ha agregado el ministro en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.
'Discrepancia y acatamiento. Esa es la postura del Gobierno. Discrepamos la sentencia en sí misma, ya lo hicimos en su día; discrepamos que se haya impuesto una obligación de pago de 20.000 euros a Otegi, pero la acatamos', ha asegurado.
'MÁS CONFORME' CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
En este sentido, Gallardón ha aclarado que el Gobierno debe respetar las decisiones del TEDH, aunque 'esté más conforme con las resoluciones de la justicia ordinaria española ratificadas por el Tribunal Constitucional'.
Por ello el ministro de Justicia ha recalcado que es su obligación no quebrantar los convenios internacionales firmados por España por los cuales el Estado asume estar sometido 'a una jurisdicción supranacional, tanto si le gusta como si no'.
'No soy yo partidario de lo que se ha hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros, porque no me guste la resolución. Prefiero pensar que no han tenido un conocimiento tan extenso, como sí lo han tenido nuestros tribunales. Pero nuestra discrepancia teórica y jurídica y el disgusto no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal', ha manifestado.
Posteriormente, en una rueda de prensa conjunta con la consejera de Justicia del País Vasco, Idoia Mendía, con la que se ha reunido, Ruiz-Gallardón ha insistido en que España es 'un Estado que acata las decisiones judiciales incluso de aquéllas de las que discrepa'.
Al mismo tiempo, el ministro ha vuelto a insistir en mostrar su 'coincidencia plena' con las resoluciones del Supremo y el Constitucional que condenaron a Otegi. 'Lo hacemos sin ningún tipo de satisfacción, reiterando nuestra discrepancia y ello no supone ninguna descalificación al Tribunal Europeo ni a las personas que la han adoptado', ha indicado.
Preguntado por el informe que a finales de este mes debe ser presentado a Estrasburgo sobre las medidas adoptadas en España para evitar condenas como las de Otegi en el futuro, el titular de Justicia ha afirmado que ' la garantía del cumplimiento de los derechos humanos es absoluta' porque nuestro estado de Derecho 'tiene una fortísima salud'.
'SOBREPROTECCIÓN' AL REY
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que se hizo pública el pasado 15 de marzo, criticaba la 'sobreprotección' de la legislación española respecto a la figura del Rey y señalaba que la pena que se impuso a Otegi por un delito de injurias a la Corona era 'particularmente severa' y 'desproporcionada'.
'El hecho de que el Rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado, no puede ponerle al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales', señalaba la resolución, impuesta en abril de 2005 por el Supremo y confirmada en julio de 2006 por el Constitucional.
Las declaraciones que Otegi hizo el 26 de febrero de 2003, días después del arresto de diez trabajadores del diario 'Egunkaria', tras una visita efectuada por el Rey Juan Carlos a Vizcaya, superaban de manera 'patente' el nivel de lo lícito por su notorio 'carácter infame', según la sentencia impuesta por el TEDH.
El exportavoz de Batasuna ocupaba por aquel entonces el cargo de portavoz del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Cumplió la condena impuesta entre el ocho de junio de 2007 y el 30 de agosto de 2008 y reclamó al TEDH una indemnización de 78.586 euros por 'la pérdida de emolumentos como parlamentario vasco a causa del encarcelamiento'.
Para ello, el líder de la izquierda abertzale se refirió a las torturas que los arrestados de 'Egunkaria' habían denunciado y aseguró en referencia al monarca: '¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en Bilbao con el rey de España cuando el Rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia?'.
La sentencia de Estrasburgo recordaba que las 'críticas' de Otegi no atentaron contra la vida privada del Rey o su honor personal, así como tampoco cuestionaron la forma en la que el monarca accedió a sus funciones oficiales ni le atribuían responsabilidad individual en la comisión de una infracción penal concreta.
A juicio de los magistrados, el derecho a la libertad de expresión es 'precioso' para todos pero, más aún, en su opinión, para 'un cargo elegido por el pueblo' como lo era entonces Otegi en calidad de parlamentario.
También defendían que las manifestaciones realizadas por el exportavoz de Batasuna eran 'un juicio de valor' que puede enmarcarse 'en un debate más amplio sobre la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en casos de malos tratos'.
