Ninguno de los motivos esgrimidos por la defensa fue suficiente para anular el juicio. El Tribunal Supremo decidió ayer no aplicar la llamada 'doctrina Botín' y seguir adelante con la causa por los crímenes del franquismo, en la que Baltasar Garzón se enfrenta a 20 años de inhabilitación. Es la segunda vez en un mes que el magistrado se sienta en el banquillo del alto tribunal. En esta ocasión, su declaración se basó en una férrea defensa de su instrucción, la cual estuvo, a su entender, libre de cualquier ideología.
'Hice lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para ideologías, cada uno tendrá la suya. Aquí no hubo ideologías', manifestó. Con estas palabras, el popular magistrado respondía a las preguntas de su abogado. No contestaba, en cambio, a las cuestiones planteadas por la acción popular -el sindicato Manos Libres y la organización Libertad e Identidad-, al considerar que 'no está legitimada' para ejercer la acusación. Una opinión que ya había expresado anteriormente su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, durante la presentación de las cuestiones previas.
Tanto él como la Fiscalía coincidieron en ese momento en que la vista debía ser anulada, ya que ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada habían presentado cargos contra Garzón. El argumento estaba respaldado por la jurisprudencia y, más concretamente, por la llamada 'doctrina Botín', según la cual la acusación popular no es suficiente para sostener un procedimiento judicial. Tanto Fresneda como la Fiscalía presentaron entonces otros motivos para suspender el juicio: la indefensión de Garzón tras el rechazo de varias pruebas en su defensa y la invalidez de los escritos de la acusación que, según comentaron, son una copia del auto dictado por el juez instructor, Luciano Varela.
RECHAZO DEL TRIBUNAL
El TS rechazó todas estas cuestiones y decidió continuar con el juicio al considerar que 'los excesos denunciados no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación'. Sobre la 'doctrina Botín', el alto tribunal argumentó que los bienes jurídicos protegidos son de naturaleza pública, por lo que en este caso sí basta con la acusación popular para sostener el procedimiento. Su decisión obligó a Garzón, una vez más, a despojarse de su toga de magistrado y a sentarse en el banquillo. Allí empezó una declaración que se prolongó durante una hora y media.
El principal delito del que se le acusa es el de prevaricación, por lo que Garzón centró su intervención en demostrar su sometimiento pleno a las normas y 'la obligación' que tenía, como juez instructor, de investigar los hechos denunciados por 'cientos, incluso miles' de personas.
Así, explicó que la primera denuncia sobre los crímenes del franquismo llegó en diciembre de 2006, y a ella la siguieron otras tantas con 'un claro contenido penal y perfil delictivo'. 'En todas ellas había un alto componente humano', narró. 'Se hacía referencia a crímenes muy graves, y eso es lo que se tuvo en cuenta'. Estas iniciativas fueron distribuidas por el juez decano, por lo que el asunto recayó en su juzgado siguiendo las normas de reparto. 'Me correspondía un asunto en reparto automático y a partir de ahí hice lo que creí que tenía que hacer, acomodándome a las normas', comentó.
En ningún caso se trató, según dijo, de 'una cuestión de ideología'. 'Hice lo que tenía que hacer', que es defender el derecho a 'la verdad, la justicia y la reparación' de todas las víctimas. 'Se puede compartir o no, pero está perfectamente razonado y explicado', insistió el juez en su intervención.
Tanto él como la Fiscalía coincidieron en ese momento en que la vista debía ser anulada, ya que ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada habían presentado cargos contra Garzón. El argumento estaba respaldado por la jurisprudencia y, más concretamente, por la llamada 'doctrina Botín', según la cual la acusación popular no es suficiente para sostener un procedimiento judicial. Tanto Fresneda como la Fiscalía presentaron entonces otros motivos para suspender el juicio: la indefensión de Garzón tras el rechazo de varias pruebas en su defensa y la invalidez de los escritos de la acusación que, según comentaron, son una copia del auto dictado por el juez instructor, Luciano Varela.
RECHAZO DEL TRIBUNAL
El TS rechazó todas estas cuestiones y decidió continuar con el juicio al considerar que 'los excesos denunciados no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación'. Sobre la 'doctrina Botín', el alto tribunal argumentó que los bienes jurídicos protegidos son de naturaleza pública, por lo que en este caso sí basta con la acusación popular para sostener el procedimiento. Su decisión obligó a Garzón, una vez más, a despojarse de su toga de magistrado y a sentarse en el banquillo. Allí empezó una declaración que se prolongó durante una hora y media.
El principal delito del que se le acusa es el de prevaricación, por lo que Garzón centró su intervención en demostrar su sometimiento pleno a las normas y 'la obligación' que tenía, como juez instructor, de investigar los hechos denunciados por 'cientos, incluso miles' de personas.
Así, explicó que la primera denuncia sobre los crímenes del franquismo llegó en diciembre de 2006, y a ella la siguieron otras tantas con 'un claro contenido penal y perfil delictivo'. 'En todas ellas había un alto componente humano', narró. 'Se hacía referencia a crímenes muy graves, y eso es lo que se tuvo en cuenta'. Estas iniciativas fueron distribuidas por el juez decano, por lo que el asunto recayó en su juzgado siguiendo las normas de reparto. 'Me correspondía un asunto en reparto automático y a partir de ahí hice lo que creí que tenía que hacer, acomodándome a las normas', comentó.
En ningún caso se trató, según dijo, de 'una cuestión de ideología'. 'Hice lo que tenía que hacer', que es defender el derecho a 'la verdad, la justicia y la reparación' de todas las víctimas. 'Se puede compartir o no, pero está perfectamente razonado y explicado', insistió el juez en su intervención.
