El Gobierno de Pedro Sánchez reinstauró en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 el Impuesto de Patrimonio, una rareza dentro del mapa tributario de la Unión Europea. El asunto fue rechazado por el PP que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y ahora el alto tribunal está a punto de emitir la sentencia.
El TC debe decidir sobre la legalidad de las modificaciones al Impuesto de Patrimonio. Está en juego la devolución de las liquidaciones de 2021 y 2022 por 1.352 millones y 1.203 millones de euros, respectivamente. Y la sentencia podría inclinarse por declarar inconstitucional este tributo, que afecta a los contribuyentes que tengan más de 700.000 euros de riqueza personal y cuya recaudación neta se situó en 2022 por encima de los 1.200 millones de euros.
El tribunal podría tumbar la reinstauración permanente del impuesto al haber indicios de que vulnera dos principios constitucionales: el principio de reserva de ley y el de capacidad económica. La Ley de Presupuestos de 2021 modificó varios aspectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, subió un punto el tipo máximo, hasta situarlo en el 3,5% y estableció el carácter permanente del tributo, cuando hasta entonces tenía un carácter temporal.
El Grupo Parlamentario Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante estos cambios, que fue admitido a trámite y que está pendiente de resolución. Como explicó el grupo popular cuando planteó el recurso, “la Ley de PGE para 2021 ha introducido dos modificaciones muy relevantes. Concretamente, el incremento del tipo marginal máximo del referido impuesto, pasando del 2,5% al 3,5%; y la conversión con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta ahora calificado como temporal”.
El grupo político insistía en que el Gobierno justificaba las medidas para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, pero “no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se convierta en indefinido”. Catedráticos y expertos en materia tributaria confían en que el tribunal avale el recurso del PP. No obstante, la división del alto tribunal, entre el bloque de los siete magistrados progresistas y los cuatro conservadores, genera dudas sobre el sentido del fallo.
