El juez de instrucción número 4 de Madrid archivó ayer el escrache que se produjo en abril frente a la casa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, porque no se produjo delito alguno en la protesta que protagonizó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que reunió a unas 300 personas. A la vista de las pruebas recabadas y las declaraciones recibidas, el magistrado concluyó que 'no encuentra en la conducta de los denunciados un grave atentado contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y su familia'.
'La finalidad de la concentración o 'escrache' no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría como miembro del Gobierno e integrante del Partido Popular, sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria', explica el auto.
El día 5 de abril, unas 300 personas se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta para protestar por los desahucios y la Policía identificó a los organizadores del escrache.
Antes de abordar los hechos, el juez analiza en el auto la importancia de la libertad de expresión ('uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática') y del derecho de reunión ('merece la máxima protección y garantías en su ejercicio', si bien 'está sujeto a ciertas limitaciones que deberán ser impuestas de forma razonable y proporcionada').
De las declaraciones de los familiares de la vicepresidenta, del testimonio de varios policías que intervinieron y del vídeo grabado por la Policía, el magistrado descarta que los hechos puedan constituir ni delito ni falta de amenazas 'pues ninguna expresión de este tipo se vertió en la concentración'.
El día 5 de abril, unas 300 personas se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta para protestar por los desahucios y la Policía identificó a los organizadores del escrache.
Antes de abordar los hechos, el juez analiza en el auto la importancia de la libertad de expresión ('uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática') y del derecho de reunión ('merece la máxima protección y garantías en su ejercicio', si bien 'está sujeto a ciertas limitaciones que deberán ser impuestas de forma razonable y proporcionada').
De las declaraciones de los familiares de la vicepresidenta, del testimonio de varios policías que intervinieron y del vídeo grabado por la Policía, el magistrado descarta que los hechos puedan constituir ni delito ni falta de amenazas 'pues ninguna expresión de este tipo se vertió en la concentración'.
