La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional de los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, así como de Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, que permaneció en su despacho casi veinticuatro horas tomando declaración a los 22 imputados, comunicó el auto de ingreso en prisión a los detenidos en la tarde de ayer, destacando que el cuñado de Juan Lanzas podrá eludir la prisión previo pago de una fianza de 50.000 euros.
Asimismo, la juez Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con ERE financiados por la Junta, que también podrá abandonar la prisión si paga una fianza de 50.000 euros.
Los cuatro se limitaron a ratificar la declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque el excoordinador de Vitalia Eduardo Pascual quiso hacer una serie de matizaciones a la misma en una comparecencia en la que le llegó a espetar a la juez: 'si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía', dejando claro que su patrimonio no se ha incrementado en los últimos años.
VARIOS DELITOS
Durante su declaración, señaló también que hasta el año 2005 el 66 por ciento del volumen de negocio de Vitalia en España correspondía con Andalucía, pero a partir de ese año 'se invirtió la tendencia' y la cifra bajó al 34 por ciento. La juez le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública, los mismos delitos que imputa a María Vaqué, que fue directora general y administradora de Vitalia.
Tras conocer el auto de prisión, el abogado de Eduardo Pascual, José María Calero, ha atendido a los periodistas para señalar que recurrirán la decisión de la magistrada y que, al mismo tiempo, 'estudiarán si ha existido un exceso en el tiempo de detención', pues entiende que se superaron las 72 horas máximas previstas legalmente entre que se produjo la detención y que la juez le ha notificado el auto de ingreso en prisión.
Durante la maratoniana jornada comparecieron ante la juez ocho de los 22 detenidos por el Instituto Armado, de los que cuatro han ingresado en prisión y el resto han quedado en libertad con cargos, entre ellos María José Marcos, la esposa del exdirector general de Vitalia Antonio Albarracín, y José González Torrent, hijo del que fuera administrador de Uniter José González Mata, también imputado en la causa.
También quedó en libertad con cargos Roser Masa, administradora de Fortia, y Gregorio M.P., amigo del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.
A los cuatro detenidos que han ingresado en prisión, hay que sumar los casos de Guerrero, Lanzas y Albarracín, que comparecieron como imputados ante la juez y que también fueron enviados a prisión sin fianza.
Por otro lado, la juez Alaya dejó en libertad sin fianza, tras así solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco Algarín, quien permanecía en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado día 15 de enero.
La juez tiene previsto tomar declaración mañana al abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y al propio González Mata, ambos imputados en la causa.
Asimismo, la juez Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con ERE financiados por la Junta, que también podrá abandonar la prisión si paga una fianza de 50.000 euros.
Los cuatro se limitaron a ratificar la declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque el excoordinador de Vitalia Eduardo Pascual quiso hacer una serie de matizaciones a la misma en una comparecencia en la que le llegó a espetar a la juez: 'si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía', dejando claro que su patrimonio no se ha incrementado en los últimos años.
VARIOS DELITOS
Durante su declaración, señaló también que hasta el año 2005 el 66 por ciento del volumen de negocio de Vitalia en España correspondía con Andalucía, pero a partir de ese año 'se invirtió la tendencia' y la cifra bajó al 34 por ciento. La juez le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública, los mismos delitos que imputa a María Vaqué, que fue directora general y administradora de Vitalia.
Tras conocer el auto de prisión, el abogado de Eduardo Pascual, José María Calero, ha atendido a los periodistas para señalar que recurrirán la decisión de la magistrada y que, al mismo tiempo, 'estudiarán si ha existido un exceso en el tiempo de detención', pues entiende que se superaron las 72 horas máximas previstas legalmente entre que se produjo la detención y que la juez le ha notificado el auto de ingreso en prisión.
Durante la maratoniana jornada comparecieron ante la juez ocho de los 22 detenidos por el Instituto Armado, de los que cuatro han ingresado en prisión y el resto han quedado en libertad con cargos, entre ellos María José Marcos, la esposa del exdirector general de Vitalia Antonio Albarracín, y José González Torrent, hijo del que fuera administrador de Uniter José González Mata, también imputado en la causa.
También quedó en libertad con cargos Roser Masa, administradora de Fortia, y Gregorio M.P., amigo del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.
A los cuatro detenidos que han ingresado en prisión, hay que sumar los casos de Guerrero, Lanzas y Albarracín, que comparecieron como imputados ante la juez y que también fueron enviados a prisión sin fianza.
Por otro lado, la juez Alaya dejó en libertad sin fianza, tras así solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco Algarín, quien permanecía en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado día 15 de enero.
La juez tiene previsto tomar declaración mañana al abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y al propio González Mata, ambos imputados en la causa.
