El juez Pablo Ruz rechazó ayer citar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde cuyo teléfono se hicieron llamadas a los imputados por el 'chivatazo' que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, al estimar que su testimonio sería 'irrelevante'.
El pasado martes, Ruz ordenó identificar a los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior -uno de ellos el de Camacho- desde los que los imputados -el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava- recibieron llamadas antes y después del 'chivatazo', ocurrido el 4 de mayo de 2006. No obstante, el magistrado de la Audiencia Nacional ya advirtió entonces de que el primer objetivo de esa medida era aclarar la 'real significancia' de la identidad de esos usuarios y que sólo conocida ésta se pronunciaría sobre la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia -personada como acusación- de que esas personas declararan como testigos.
El juez recibió el informe solicitado a la Policía y lo pasó a la Fiscalía, que ha considerado innecesario citar a los usuarios de los teléfonos porque los propios investigadores no conceden 'trascendencia, importancia o relevancia al tráfico de llamadas acaecido entre los teléfonos mencionados y el de los distintos imputados'. El informe concluye que las llamadas a los imputados de los usuarios de esos teléfonos -Camacho y un inspector de Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, porque el tercer número era el de la centralita del Ministerio- fueron 'esporádicas' y se ajustaban 'al normal proceder entre los interlocutores (...) por sus responsabilidades oficiales'.
El juez recibió el informe solicitado a la Policía y lo pasó a la Fiscalía, que ha considerado innecesario citar a los usuarios de los teléfonos porque los propios investigadores no conceden 'trascendencia, importancia o relevancia al tráfico de llamadas acaecido entre los teléfonos mencionados y el de los distintos imputados'. El informe concluye que las llamadas a los imputados de los usuarios de esos teléfonos -Camacho y un inspector de Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, porque el tercer número era el de la centralita del Ministerio- fueron 'esporádicas' y se ajustaban 'al normal proceder entre los interlocutores (...) por sus responsabilidades oficiales'.
