El nuevo Poder Judicial ya es oficial, a falta de presidente (previsiblemente Carlos Lesmes), con magistrados y juristas pactados por los políticos, fundamentalmente el PP y el PSOE, pero con la misma pregunta que siempre gravita sobre el tejado del edificio de Marqués de la Ensenada: ¿independiente?.
Si la justicia impartida por los tribunales siembra a la par afectos y desafectos, que se corresponden matemáticamente con quienes se ven favorecidos o perjudicados en sus pretensiones, el órgano de gobierno que la representa en España no le queda a la zaga; de ahí que naciese ya con tantas críticas que merecerían una reflexión.
Dado que el acuerdo de nombramiento de los vocales del CGPJ es político, el PP, con mayoría en todas las instituciones del Estado a causa de su éxito electoral de 2011, también tuvo la sartén por el mango en la renovación del Poder Judicial, lo que se traduce en el recurrente epíteto de que tendremos un nuevo CGPJ 'más conservador'.
De sus manos salieron diez vocales (Rafael Fernández Valverde, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Llombart Pérez, Vicente Guilarte Gutiérrez, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona), mientras que el PSOE hizo lo propio con otros siete (Clara Martínez de Careaga García, María Victoria Cinto Lapuente, Roser Bach Fabregó, Rafael Mozo Muelas, María del Mar Cabrejas Guijarro, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda). CiU (Mercé Pigem), PNV (Enrique Lucas) e IU (Concepción Sáenz Rodríguez), junto a UPN, avalaron el acuerdo político, que se ha traducido en un amplio consenso en las Cortes.
LA PRESIDENCIA
Con el pacto, el PP se garantizó el puesto de presidente del Consejo, y también se hará con la mayoría en la nueva Comisión Permanente del CGPJ, el núcleo duro del reformado Poder Judicial, de cinco miembros. El resto no tendrá dedicación exclusiva.
Los políticos (salvo UPyD) quedaron en público satisfechos con el acuerdo para la renovación del CGPJ, cerrado por Rajoy y Rubalcaba, pero desde dentro del Poder Judicial han salido las más aceradas críticas.
El Ministerio Fiscal, que siempre había contado con un miembro en la cúpula judicial, se quejó de forma estentórea por su exclusión del nuevo Consejo. Alguna otra profesión jurídica, como los procuradores, perdió el puesto al que aspiraban en favor de la Abogacía del Estado.
Si con la reforma del Poder Judicial promovido por el ministro de Justicia, la idea era que los jueces tuvieran más peso en la elección de su propio órgano de gobierno, se dio la paradoja de que de los 55 magistrados que presentaron su candidatura, la más avalada no resultó elegida, y sí en cambio una de las que presentó menos apoyos.
Dado que el acuerdo de nombramiento de los vocales del CGPJ es político, el PP, con mayoría en todas las instituciones del Estado a causa de su éxito electoral de 2011, también tuvo la sartén por el mango en la renovación del Poder Judicial, lo que se traduce en el recurrente epíteto de que tendremos un nuevo CGPJ 'más conservador'.
De sus manos salieron diez vocales (Rafael Fernández Valverde, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Llombart Pérez, Vicente Guilarte Gutiérrez, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona), mientras que el PSOE hizo lo propio con otros siete (Clara Martínez de Careaga García, María Victoria Cinto Lapuente, Roser Bach Fabregó, Rafael Mozo Muelas, María del Mar Cabrejas Guijarro, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda). CiU (Mercé Pigem), PNV (Enrique Lucas) e IU (Concepción Sáenz Rodríguez), junto a UPN, avalaron el acuerdo político, que se ha traducido en un amplio consenso en las Cortes.
LA PRESIDENCIA
Con el pacto, el PP se garantizó el puesto de presidente del Consejo, y también se hará con la mayoría en la nueva Comisión Permanente del CGPJ, el núcleo duro del reformado Poder Judicial, de cinco miembros. El resto no tendrá dedicación exclusiva.
Los políticos (salvo UPyD) quedaron en público satisfechos con el acuerdo para la renovación del CGPJ, cerrado por Rajoy y Rubalcaba, pero desde dentro del Poder Judicial han salido las más aceradas críticas.
El Ministerio Fiscal, que siempre había contado con un miembro en la cúpula judicial, se quejó de forma estentórea por su exclusión del nuevo Consejo. Alguna otra profesión jurídica, como los procuradores, perdió el puesto al que aspiraban en favor de la Abogacía del Estado.
Si con la reforma del Poder Judicial promovido por el ministro de Justicia, la idea era que los jueces tuvieran más peso en la elección de su propio órgano de gobierno, se dio la paradoja de que de los 55 magistrados que presentaron su candidatura, la más avalada no resultó elegida, y sí en cambio una de las que presentó menos apoyos.
