Los Presupuestos de 2012 están marcados por un recorte en todas las partidas para garantizar el objetivo de déficit público, con la excepción del pago de los intereses de la deuda, que crece más del 30%, y los gastos de personal, que se incrementan un 1,3 % por el mayor número de funcionarios jubilados. Una 'situación crítica' que trata de afrontar el Gobierno con unos presupuestos 'extraordinarios', según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para quien las cuentas que se presentaron ayer en el Congreso son las que 'menos perjudican al crecimiento económico'.
En cuanto al pago de intereses de deuda pública, tanto en términos de contabilidad nacional (29.246 millones de euros) como de caja (28.848 millones) son mayores que el propio ajuste fiscal que incluyen las cuentas (27.300 millones). El pago de la deuda también supera todo lo que el Estado gasta en pagar a su personal, 27.338 millones.
El Gobierno considera este ajuste como el 'mayor esfuerzo de consolidación de la democracia' y confía en que con él se consiga 'recuperar la confianza de Europa', a lo que también contribuirán las reformas ya aprobadas y las que se anunciarán en breve. Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, el ministro pidió el apoyo político al proyecto que comienza ahora su tramitación parlamentaria, porque a su juicio el cumplimiento del objetivo de déficit público -marcado en el 5,3 % del PIB- es la clave para que 'la crisis acabe cuanto antes'.
LLAMAMIENTO A CIU
Por eso confió en la 'capacidad de comprensión de todos los grupos' para no condicionar 'a priori' el sentido de su voto, a pesar de que los Presupuestos no incluyan partidas como los 219 millones que reclamaba CiU como condición para apoyar el proyecto. En cualquier caso, insistió en que España aplica desde principios de año un presupuesto que limita los gastos, pues se prorrogó con un acuerdo de no disponibilidad; por eso, ha rechazado que se considere que el país no aplique los recortes anunciados hasta que se termine la tramitación parlamentaria.
Del lado de los gastos, el social supondrá el 56,2 % del total de los presupuestos, un 4,3 % menos que en 2011, y dentro del mismo la principal partida es la que se destina al pago de las pensiones, que ascenderá a 115.825,93 millones de euros. Además, las inversiones reales en términos homogéneos -eliminando las obligaciones de ejercicios anteriores- caerán un 19,6% hasta los 5.280,24 millones.
Entre las medidas extraordinarias de estas cuentas destacan las que se introducen para la regularización de rentas ocultas al fisco, y que a juicio del Ejecutivo permitirán obtener unos 2.500 millones de euros, una cifra 'realista y de lo menos arriesgada' según comentó el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.
El Gobierno considera este ajuste como el 'mayor esfuerzo de consolidación de la democracia' y confía en que con él se consiga 'recuperar la confianza de Europa', a lo que también contribuirán las reformas ya aprobadas y las que se anunciarán en breve. Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, el ministro pidió el apoyo político al proyecto que comienza ahora su tramitación parlamentaria, porque a su juicio el cumplimiento del objetivo de déficit público -marcado en el 5,3 % del PIB- es la clave para que 'la crisis acabe cuanto antes'.
LLAMAMIENTO A CIU
Por eso confió en la 'capacidad de comprensión de todos los grupos' para no condicionar 'a priori' el sentido de su voto, a pesar de que los Presupuestos no incluyan partidas como los 219 millones que reclamaba CiU como condición para apoyar el proyecto. En cualquier caso, insistió en que España aplica desde principios de año un presupuesto que limita los gastos, pues se prorrogó con un acuerdo de no disponibilidad; por eso, ha rechazado que se considere que el país no aplique los recortes anunciados hasta que se termine la tramitación parlamentaria.
Del lado de los gastos, el social supondrá el 56,2 % del total de los presupuestos, un 4,3 % menos que en 2011, y dentro del mismo la principal partida es la que se destina al pago de las pensiones, que ascenderá a 115.825,93 millones de euros. Además, las inversiones reales en términos homogéneos -eliminando las obligaciones de ejercicios anteriores- caerán un 19,6% hasta los 5.280,24 millones.
Entre las medidas extraordinarias de estas cuentas destacan las que se introducen para la regularización de rentas ocultas al fisco, y que a juicio del Ejecutivo permitirán obtener unos 2.500 millones de euros, una cifra 'realista y de lo menos arriesgada' según comentó el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.
