La juez de primera instancia e instrucción número 4 de Denia (Alicante) ha ordenado el ingreso en prisión de un pakistaní nacionalizado español por considerarlo el máximo responsable de una red de matrimonios de conveniencia, tramitación por la que cobraba 10.000 euros.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han explicado que hasta el momento se han detectado irregularidades en 35 de los matrimonios celebrados entre ciudadanos de origen pakistaní y mujeres españolas en el juzgado de paz de Jávea (Alicante).
No obstante, los matrimonios que investiga la Guardia Civil por presuntas irregularidades ascienden a 300.
El cabecilla de esta trama cobraba 10.000 euros a cada uno de sus compatriotas por la tramitación de toda la documentación necesaria para contraer matrimonio y poder regularizar la situación en España.
Paralelamente, las mujeres que se prestaban a este tipo de transacción percibían durante el primer año de matrimonio sin convivencia una pensión mensual de entre 200 y 300 euros.
La investigación de estos hechos se inició por parte de la Guardia Civil hace tres meses y, como resultado de la misma, siete pakistaníes han pasado este fin de semana a disposición judicial.
Seis de los detenidos han quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes para firmar, y se encuentran imputados en la causa por delito de falsificación en documento público.
Al ahora reo se le imputan los delitos de falsificación en documento público, extorsión y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Según las pesquisas realizadas por el Cuerpo armado, el ciudadano pakistaní residía desde 1992 en España y desde esa fecha ha acumulado un patrimonio de 18 pisos y 2 locales comerciales. Sin embargo, las actividades comerciales que ha declarado son la venta de rosas y la explotación de un locutorio.
No obstante, los matrimonios que investiga la Guardia Civil por presuntas irregularidades ascienden a 300.
El cabecilla de esta trama cobraba 10.000 euros a cada uno de sus compatriotas por la tramitación de toda la documentación necesaria para contraer matrimonio y poder regularizar la situación en España.
Paralelamente, las mujeres que se prestaban a este tipo de transacción percibían durante el primer año de matrimonio sin convivencia una pensión mensual de entre 200 y 300 euros.
La investigación de estos hechos se inició por parte de la Guardia Civil hace tres meses y, como resultado de la misma, siete pakistaníes han pasado este fin de semana a disposición judicial.
Seis de los detenidos han quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes para firmar, y se encuentran imputados en la causa por delito de falsificación en documento público.
Al ahora reo se le imputan los delitos de falsificación en documento público, extorsión y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Según las pesquisas realizadas por el Cuerpo armado, el ciudadano pakistaní residía desde 1992 en España y desde esa fecha ha acumulado un patrimonio de 18 pisos y 2 locales comerciales. Sin embargo, las actividades comerciales que ha declarado son la venta de rosas y la explotación de un locutorio.
