El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que existen 'objetivos cuantitativos' en detención de inmigrantes, confirmando así la información que salió a la luz ayer y que hablaba de una orden interna distribuida por comisarías de Madrid marcando un cupo semanal de extranjeros en situación irregular para ser detenidos.
Partidos políticos y asociaciones piden explicaciones a Interior sobre el trabajo de las fuerzas de seguridad. Estas últimas, por su parte, señalan el departamento de Rubalcaba como origen de la polémica por su 'afán' de 'manipular' las cifras de delincuencia que luego presenta públicamente.
Una nota interna de la comisaría de Villa de Vallecas, en Madrid, recogía la siguiente instrucción: 'Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito'. Por esta información fue preguntado esta mañana Rubalcaba, señalando por una parte, que 'la policía cumple estrictamente la ley', al tiempo que reconoció que ese Cuerpo 'tiene objetivos cuantitativos aplicados, por ejemplo, cuando aumenta la delincuencia en un barrio concreto en el que se toman medidas especiales'.
'Hay instrucciones operativas de funcionamiento que no puedo desvelar, pero que no tienen nada que ver con actuaciones que pudieran ser ilegales', añadió. Sin embargo, el titular de Interior no hizo referencia a la parte de la orden en la que se insta a los policías a salir de su distrito para cumplir el cupo de detenciones en el caso de que ese número no se pueda alcanzar en el propio. Igualmente, el ministro no aludió a la instrucción que se da a los policías de colocar a los marroquíes en situación preferente en el momento de pedir el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ya que resulta más barato repatriarlos que a otros irregulares latinoamericanos.
Ante estas declaraciones, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció hoy que su formación pedirá explicaciones a Rubalcaba ya que, en su opinión, este hecho demuestra la 'errática, falsaria y letal' política de inmigración del Ejecutivo socialista. 'Con el pretexto al principio de querer reconocer a todo el mundo lo que a todo el mundo no se puede reconocer, creó ilusiones en personas y muchas de ellas están falleciendo en su travesía de llegada a España', señaló, añadiendo: 'luego, cuando llegan aquí les hacen objeto de una cacería a veces indiscriminada con órdenes como la que acabamos de conocer'.
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, al término de la reunión del Comité de Dirección, De Cospedal aseguró que es 'un hecho muy alarmante' que se llegue a decir a los agentes de policía que tienen que detener a 35 extranjeros a la semana, como sucede en el caso de Villa Vallecas. A su juicio, el ministro tiene que informar de este tema 'delicado' que, además, es 'gravemente atentatorio' contra los derechos y libertades que se reconocen a los extranjeros en España, así como contra la forma en la que tiene que actuar la Policía, de la que destacó su 'profesionalidad y buen hacer' y lo diferenció de las 'instrucciones políticas' que puedan llegar a recibir.
También IU y UPyD han acusado a Interior, los primeros criticaron que esta decisión venga de un Ejecutivo que se dice socialista, mientras que los segundos señalaron que el Gobierno ha pasado de una política de 'puertas abiertas' a otra que 'induce' a la xenofobia. Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tard, calificó hoy de 'penosa' esta situación y apuntó que, de ser 'cierto' el Gobierno debería 'corregirlo', porque 'no se puede trasladar un mensaje a la sociedad' de que los ciudadanos que están 'en esta situación administrativa de ilegalidad' son 'susceptibles a ser carne de detención'.
MALESTAR ENTRE LAS ASOCIACIONES
Del mismo modo, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha pedido al gobierno que termine con las 'políticas represivas y discriminatorias' que aplica el Cuerpo Nacional de Policía, en referencia a las órdenes que han recibido los agentes de elevar las cifras de detenidos y arrestar a un número determinado de personas en situación irregular. Por su parte, el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, ha denunciado que la persecución policial de inmigrantes genera desconfianza de los extranjeros hacia las instituciones públicas.
Del mismo modo, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue 'la posible ilegalidad' de las órdenes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que exigen a los agentes cubrir un 'cupo' de detenciones. Según ha señalado, 'la Ley de Seguridad Ciudadana no ampara las detenciones masivas ni la vulneración de derechos' que sufren los inmigrantes cuando son detenidos por su aspecto. Para el Movimiento contra la Intolerancia, con esta medida se identifican 'inmigración y delincuencia', lo que genera 'racismo y xenofobia'.
DATOS 'MANIPULADOS'
Por otra parte, todos los sindicatos policiales coinciden en señalar al ministerio que encabeza Rubalcaba como el principal origen de las polémicas instrucciones de la Policía para detener a inmigrantes. Lo enmarcan en el afán de Interior de 'manipular' las cifras de delincuencia que luego presenta públicamente. Para la Confederación Española de Policía (CEP), las instrucciones impartidas desde Interior suponen 'una asfixiante presión estadística' para las plantillas de Policía, que terminan atendiendo al cumplimiento de esos objetivos en lugar de mejorar 'cualitativamente' la seguridad ciudadana.
'A pesar de haber prometido en las dos últimas campañas electorales la máxima transparencia, sólo conocemos resultados genéricos de delincuencia, sin desagregar, anunciados con cuentagotas y sin que previamente se haya consesuado los criterios para su elaboración, en la línea de lo que ya se hace en otros países europeos', critica la CEP. Para este sindicato, el Gobierno ha protagonizado 'un cambio radical desde aquel famoso 'papeles par todos' de 2005 hasta el establecimiento de la actual política de dureza'. Los representantes de la Policía coinciden en exculpar al jefe superior de Madrid, Carlos Rubio, y al resto de mandos que han recibido esas instrucciones porque proceden de la Dirección General.
Una nota interna de la comisaría de Villa de Vallecas, en Madrid, recogía la siguiente instrucción: 'Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito'. Por esta información fue preguntado esta mañana Rubalcaba, señalando por una parte, que 'la policía cumple estrictamente la ley', al tiempo que reconoció que ese Cuerpo 'tiene objetivos cuantitativos aplicados, por ejemplo, cuando aumenta la delincuencia en un barrio concreto en el que se toman medidas especiales'.
'Hay instrucciones operativas de funcionamiento que no puedo desvelar, pero que no tienen nada que ver con actuaciones que pudieran ser ilegales', añadió. Sin embargo, el titular de Interior no hizo referencia a la parte de la orden en la que se insta a los policías a salir de su distrito para cumplir el cupo de detenciones en el caso de que ese número no se pueda alcanzar en el propio. Igualmente, el ministro no aludió a la instrucción que se da a los policías de colocar a los marroquíes en situación preferente en el momento de pedir el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ya que resulta más barato repatriarlos que a otros irregulares latinoamericanos.
Ante estas declaraciones, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció hoy que su formación pedirá explicaciones a Rubalcaba ya que, en su opinión, este hecho demuestra la 'errática, falsaria y letal' política de inmigración del Ejecutivo socialista. 'Con el pretexto al principio de querer reconocer a todo el mundo lo que a todo el mundo no se puede reconocer, creó ilusiones en personas y muchas de ellas están falleciendo en su travesía de llegada a España', señaló, añadiendo: 'luego, cuando llegan aquí les hacen objeto de una cacería a veces indiscriminada con órdenes como la que acabamos de conocer'.
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, al término de la reunión del Comité de Dirección, De Cospedal aseguró que es 'un hecho muy alarmante' que se llegue a decir a los agentes de policía que tienen que detener a 35 extranjeros a la semana, como sucede en el caso de Villa Vallecas. A su juicio, el ministro tiene que informar de este tema 'delicado' que, además, es 'gravemente atentatorio' contra los derechos y libertades que se reconocen a los extranjeros en España, así como contra la forma en la que tiene que actuar la Policía, de la que destacó su 'profesionalidad y buen hacer' y lo diferenció de las 'instrucciones políticas' que puedan llegar a recibir.
También IU y UPyD han acusado a Interior, los primeros criticaron que esta decisión venga de un Ejecutivo que se dice socialista, mientras que los segundos señalaron que el Gobierno ha pasado de una política de 'puertas abiertas' a otra que 'induce' a la xenofobia. Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tard, calificó hoy de 'penosa' esta situación y apuntó que, de ser 'cierto' el Gobierno debería 'corregirlo', porque 'no se puede trasladar un mensaje a la sociedad' de que los ciudadanos que están 'en esta situación administrativa de ilegalidad' son 'susceptibles a ser carne de detención'.
MALESTAR ENTRE LAS ASOCIACIONES
Del mismo modo, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha pedido al gobierno que termine con las 'políticas represivas y discriminatorias' que aplica el Cuerpo Nacional de Policía, en referencia a las órdenes que han recibido los agentes de elevar las cifras de detenidos y arrestar a un número determinado de personas en situación irregular. Por su parte, el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, ha denunciado que la persecución policial de inmigrantes genera desconfianza de los extranjeros hacia las instituciones públicas.
Del mismo modo, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue 'la posible ilegalidad' de las órdenes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que exigen a los agentes cubrir un 'cupo' de detenciones. Según ha señalado, 'la Ley de Seguridad Ciudadana no ampara las detenciones masivas ni la vulneración de derechos' que sufren los inmigrantes cuando son detenidos por su aspecto. Para el Movimiento contra la Intolerancia, con esta medida se identifican 'inmigración y delincuencia', lo que genera 'racismo y xenofobia'.
DATOS 'MANIPULADOS'
Por otra parte, todos los sindicatos policiales coinciden en señalar al ministerio que encabeza Rubalcaba como el principal origen de las polémicas instrucciones de la Policía para detener a inmigrantes. Lo enmarcan en el afán de Interior de 'manipular' las cifras de delincuencia que luego presenta públicamente. Para la Confederación Española de Policía (CEP), las instrucciones impartidas desde Interior suponen 'una asfixiante presión estadística' para las plantillas de Policía, que terminan atendiendo al cumplimiento de esos objetivos en lugar de mejorar 'cualitativamente' la seguridad ciudadana.
'A pesar de haber prometido en las dos últimas campañas electorales la máxima transparencia, sólo conocemos resultados genéricos de delincuencia, sin desagregar, anunciados con cuentagotas y sin que previamente se haya consesuado los criterios para su elaboración, en la línea de lo que ya se hace en otros países europeos', critica la CEP. Para este sindicato, el Gobierno ha protagonizado 'un cambio radical desde aquel famoso 'papeles par todos' de 2005 hasta el establecimiento de la actual política de dureza'. Los representantes de la Policía coinciden en exculpar al jefe superior de Madrid, Carlos Rubio, y al resto de mandos que han recibido esas instrucciones porque proceden de la Dirección General.
