La oleada de renuncias de abogados del turno de oficio recrudece el atasco judicial en la provincia

Mensaje a la entrada del Colexio da Avogacía en el que se reclama dignidad para el turno de oficio.
photo_camera Mensaje a la entrada del Colexio da Avogacía en el que se reclama dignidad para el turno de oficio.
El Colegio intenta evitar el colapso en los juicios de violencia doméstica y prevenir que se extienda a otras secciones. La dimisión de más de 50 abogados de violencia de género pone en jaque la asistencia gratuita a falta de sumarse los de penal

El Colexio da Avogacía de Ourense maniobra para evitar la paralización en la especialidad de violencia de género del turno de oficio, tras la dimisión de más de medio centenar de letrados durante esta semana. “La baja que se ha producido en materia de violencia de género entendemos que no va a perturbar el servicio porque hay un número de profesionales que no han secundado la huelga y no han tramitado la renuncia, por lo que trabajaremos con ellos”, señalan fuentes del Colexio da Avogacía.

Para ello, indican, tendrán que recomponer el sistema de guardias, pero entienden que podrán mantener el servicio y que no se vea especialmente afectado por las bajas. Asimismo, apuntan que en el turno de oficio, entre todas las especialidades y bloques, hay unos 360 colegiados adscritos.

Fuentes de la plataforma Marea Negra resaltan que, de los 360 trabajadores del turno de oficio, en violencia de género están 108, por lo que el más de medio centenar de profesionales que se dieron de baja suponen casi la mitad de los abogados de la especialidad. Ante esta situación, muestran su escepticismo con que se pueda mantener el servicio tras las renuncias. 

Situación complicada

En este sentido, explican que no pueden llevar a cabo la asistencia legal en violencia de género todos los abogados del turno “porque se nos exige una formación en la materia y no puede ir ningún compañero que no la tenga, de hecho, ya hubo sanciones en el colegio por este motivo”

A esta situación, ya de por sí complicada, se le sumará la semana que viene la cascada de renuncias del turno de oficio en la especialidad de penal, lo que dificultará todavía más la prestación del servicio de justicia gratuita, el cual es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución Española. Desde el inicio de la huelga el pasado noviembre y hasta principios de mayo, se suspendieron 324 actuaciones, vistas, comparecencias y audiencias previas.

Desde el Colexio da Avogacía aseguran que desde el primer momento respetaron el derecho a huelga y reivindican que el Consello da Avogacía Galega, formado por los colegios provinciales, mantiene conversaciones con la Xunta de Galicia para mejorar las condiciones económicas de los profesionales del turno de oficio. “Otra cosa es que no se lleguen a alcanzar los objetivos que la propia abogacía cree que se deben lograr porque es un tema fundamentalmente presupuestario”, aseguran.

“Mantienen conversaciones desde hace 30 años, nos dicen que llevan tanto tiempo reclamando lo mismo, que no se lo dan y no hay otra solución”, replican desde Marea Negra. Además, recuerdan que la Administración “puede firmar lo que quieran con los colegios, pero con quien tiene que llegar a un acuerdo es con los sindicatos, que son los que convocan la huelga”.

Reivindicaciones del turno de oficio

Los profesionales del turno de oficio, entre sus peticiones, reclaman un estatuto del profesional del turno que regule derechos como vacaciones o bajas, así como que se cotice por ellos a la Seguridad Social por el tiempo que trabajen. Por otra parte, solicitan pasar a la Seguridad Social desde la mutualidad con todo el capital que han aportado hasta el momento con el objetivo de poder disfrutar de jubilaciones dignas. La situación para ellos es límite, ya que, según señalan, el servicio cuenta con un déficit de 260.000 euros anuales que sufraga con las propias cuotas que hacen ellos al colegio. “Estamos pagando nosotros el turno”, subrayan. Los profesionales detallaron que reciben 20 euros por una entrada y registro en el domicilio de un detenido que puede durar todo el día o poco más de 300 euros por un juicio con jurado por un asesinato en el que el procesado se juega una larga temporada en prisión cuando en caso de designación particular la media puede ser de 4.000 euros. Además, solo cobran si finalmente el asunto llega a juicio. De hecho, ante esta situación, cada vez más abogados deciden cerrar su despacho.

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