El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz confirmó la existencia 'a nivel indiciario' de 'una cierta corriente financiera de cobros y pagos' en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, de la que eran 'presuntos encargados' los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y que habría sido 'continua en el tiempo' además de desarrollarse 'al margen de la contabilidad remitida por el PP a Cuentas'.
En su resolución, en la que cita como imputados a Urquijo y Páez para el próximo 16 de diciembre, Ruz también señala que, además de la 'eventual responsabilidad tributaria', estos hechos podrían 'conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental o contable'.
El instructor de la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP señala que, tal y como refleja un informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) le remitió este jueves, la documentación intervenida a Urquijo da 'veracidad' a tres salidas contables por valor de 888.000 euros computadas en 2008 en 'B' por Bárcenas.
PRUEBA CALIGRÁFICA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ordena en su auto la realización de una prueba pericial caligráfica sobre varios documentos manuscritos y un cuaderno incautados en el despacho de Urquijo en el que aparecían anotaciones sobre los pagos realizados por el PP. 'Recibí de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.00 en concepto de pago complementario de la factura, de la planta 4 con la que queda cancelado dicha factura', señalaba una de las anotaciones.
Además de Urquijo y Páez, el juez citó a declarar el mismo 16 de diciembre como testigos a los trabajadores de Unifica María Rey Salinero y Laura Montero Almazán, que habrían mantenido contactos por correo electrónico con responsables del PP por las reformas de la sede, y al exjefe de Seguridad 'popular' y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente. Finalmente, se dirige a la Agencia Tributaria para que, a partir de toda la documentación incautada emita un informe complementario al que realizó el 25 de septiembre.
El Partido Popular aseguró, tras conocer el auto del juez Pablo Ruz sobre su contabilidad B, que la formación tiene una 'única contabilidad' que es la que se envió al magistrado y en la que constan 'todos los pagos y cargos' desde el partido.
Nada más conocer el auto del juez, se le preguntó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien eludió pronunciarse y se limitó a expresar su respeto por las decisiones judiciales. Eso sí, reiteró que el Gobierno trabaja en una Ley de control económico-financiero de los partidos políticos. 'Una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama Ley de Control económico-financiero de los partidos, que es donde tenemos que trabajar', dijo la vicepresidenta.
El instructor de la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP señala que, tal y como refleja un informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) le remitió este jueves, la documentación intervenida a Urquijo da 'veracidad' a tres salidas contables por valor de 888.000 euros computadas en 2008 en 'B' por Bárcenas.
PRUEBA CALIGRÁFICA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ordena en su auto la realización de una prueba pericial caligráfica sobre varios documentos manuscritos y un cuaderno incautados en el despacho de Urquijo en el que aparecían anotaciones sobre los pagos realizados por el PP. 'Recibí de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.00 en concepto de pago complementario de la factura, de la planta 4 con la que queda cancelado dicha factura', señalaba una de las anotaciones.
Además de Urquijo y Páez, el juez citó a declarar el mismo 16 de diciembre como testigos a los trabajadores de Unifica María Rey Salinero y Laura Montero Almazán, que habrían mantenido contactos por correo electrónico con responsables del PP por las reformas de la sede, y al exjefe de Seguridad 'popular' y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente. Finalmente, se dirige a la Agencia Tributaria para que, a partir de toda la documentación incautada emita un informe complementario al que realizó el 25 de septiembre.
El Partido Popular aseguró, tras conocer el auto del juez Pablo Ruz sobre su contabilidad B, que la formación tiene una 'única contabilidad' que es la que se envió al magistrado y en la que constan 'todos los pagos y cargos' desde el partido.
Nada más conocer el auto del juez, se le preguntó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien eludió pronunciarse y se limitó a expresar su respeto por las decisiones judiciales. Eso sí, reiteró que el Gobierno trabaja en una Ley de control económico-financiero de los partidos políticos. 'Una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama Ley de Control económico-financiero de los partidos, que es donde tenemos que trabajar', dijo la vicepresidenta.
