La Comisión Constitucional del Senado ha aprobado este martes la proposición de ley de reforma electoral suscrita por PSOE y PP para taponar a Batasuna y sus herederos todas las vías de acceso a las instituciones democráticas. El texto, que será votado en el Pleno de la próxima semana, sólo ha recibido el voto en contra de PNV.
Pese a que la idea inicial era que la iniciativa saliera del Senado sin ninguna modificación a lo aprobado por el Congreso, la Comisión Constitucional ha dado el visto bueno a la introducción de una enmienda presentada por el Grupo Socialista para reformar el Código Penal y ampliar a cinco años la prescripción de los delitos de calumnias e injurias.
Esta modificación, que ha recibido también el apoyo de los 'populares', hará que la proposición tenga que volver al Congreso para su ratificación y retrasará la publicación de la reforma electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque se cuenta con que entre en vigor para las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo.
En su intervención, el senador socialista José Luis Vallés ha hecho referencia al comunicado hecho público ayer por ETA y ha lamentado que la banda y su entorno político recurran a 'los mismos sistemas, los mismos engaños y las mismas formas' para tratar de 'solapar la ley' y presentar a las elecciones bajo otras denominaciones.
Por ello, ha dejado claro que el objetivo de esta reforma es impedir a Batasuna y el entorno etarra que pueda tener representación en las instituciones eliminando 'cualquier subterfugio' que pueda existir en la legislación vigente. En este punto ha coincidido su compañero de partido Miguel Ángel Urquiza, quien ha explicado que la actual reforma da 'continuidad' a la Ley de Partidos, que ha destacado como 'clave' en la defensa de la democracia y la lucha antiterrorista.
El senador socialista ha señalado esta proposición como 'un claro mensaje' a la izquierda abertzale de que no podrá entrar en las instituciones saltándose la ley. 'Aunque pretenda ganar tiempo con un comunicado, la posición del Gobierno no cambiará un ápice', ha advertido antes de hacer un llamamiento al consenso entre los partidos democráticos.
En el mismo sentido se ha manifestado la portavoz del PP en la Comisión, Rosa Vindel, quien ha insistido en la necesidad de reformar las leyes para evitar que formaciones políticas ilegales puedan recurrir a vías legales para presentarse a unas elecciones y tener representación institucional.
El encargado de defender la postura del PNV ha sido Joseba Zubia, quien ha insistido en el rechazo de su partido a esta reforma y ha anunciado que también votará en contra en el Pleno de la próxima semana. En el Congreso, su compañero Aitor Esteban criticó que el texto acordado por PSOE y PP supone 'una vuelta de tuerca más' a la Ley de Partidos, que los nacionalistas vascos siempre han censurado.
MÁS PLAZOS PARA CERCAR A BATASUNA
La reforma se centra en ampliar los plazos para impugnar candidaturas, que estaban muy tasados, habida cuenta de Batasuna y sus marcas sucesoras aprovechaban que caducaba el plazo para desvelar sus intenciones y anunciar cuál era su apuesta para las elecciones.
EVITAR QUE TOMEN POSESIÓN CARGOS DE BATASUNA
Además, en el supuesto de que la apuesta de Batasuna no se desvele hasta el mismo día de las elecciones, el texto amplía también el plazo para recurrir la proclamación de electos con el fin de evitar al menos que éstos puedan llegar a tomar posesión de sus cargos.
Asimismo, se introducen unos cambios legales para impedir que los sucesores de Batasuna permanezcan en sus escaños después de que se ilegalice la marca con la que se presentaron, atribuyéndoles una incompatibilidad sobrevenida que podrán salvar si hay una renuncia expresa de las causas que motivaron la ilegalización de esa formación.
A esta proposición de ley se añadió una enmienda acordada también por PSOE y PP para extender a las agrupaciones de electores las nuevas medidas contempladas en esta reforma de la LOREG, un asunto que había quedado pendiente de cerrar y que ambas formaciones sellaron hace unas semanas.
También incluye otra de UPyD, con la que se busca impedir que se presenten a las elecciones los condenados a inhabilitación, aunque no sea por sentencia firme 'por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal'
