Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores advirtieron ayer en el Congreso de que la futura Ley de Transparencia no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no suponga una 'injerencia de los poderes públicos' en la libertad sindical o atentar contra su 'autonomía organizativa'.
Así lo aseguraron ante la Comisión Constitucional del Congreso, el secretario de Estudios de CC.OO, Rodolfo Benito, y el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, que con sus intervenciones pusieron fin a las comparecencias de expertos que abrió el Congreso el pasado mes de enero para recabar distintas opiniones sobre este proyecto de ley.
Ambos coincidieron en señalar la necesidad de que España apruebe una Ley de Transparencia que, junto con otras reformas legislativas, contribuya a que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones, pero se afanaron en dejar claro que la norma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas o incluso a los partidos políticos.
'No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales', comentó Benito, subrayando que este mandato de publicidad activa ha de limitarse 'a la gestión de los recursos públicos y los programa de financiación pública que gestionen'.
'NO SOMOS PARTIDOS'
Con el mismo objetivo de diferenciar a los sindicatos de los partidos, Monell recordó que las organizaciones sindicales no están sujetas a una ley de financiación como sí lo están las políticas.
Los representantes de las dos centrales sindicales subrayaron la necesidad de que se tenga en cuenta la 'singularidad' que la Constitución confiere a los sindicatos, destacando que no sólo defienden a sus afiliados, sino los intereses de todos los trabajadores. En este sentido, Benito rechazó que se mandate a los sindicatos a publicitar sus estrategias ante el Gobierno o la patronal o en materia de negociación colectiva.
'Más allá del control público sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos', aseveró el representante de CC.OO. También Monell recalcó que los sindicatos tiene 'derecho a organizar su administración' y que las 'autoridades públicas deben abstenerse de entorpecer ese derecho y su ejercicio'.
Los dos aprovecharon su presencia en el Congreso para hacer algunas precisiones sobre cómo se financian las organizaciones sindicales, incidiendo en que la mayor parte del dinero que reciben proviene de las cuotas de sus afiliados, que rondan el millón de personas en cada caso.
Así, Benito explicó que el porcentaje de financiación pública que tiene CC.OO. es de un 2,81% de su presupuesto, sin contar los cursos y los programas finalistas subvencionados. Por su parte, Monell, concretó que 'la financiación propia' de los sindicatos procedente, sobre todo, de las cuotas de los afiliados, supera el 70%.
Ambos coincidieron en señalar la necesidad de que España apruebe una Ley de Transparencia que, junto con otras reformas legislativas, contribuya a que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones, pero se afanaron en dejar claro que la norma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas o incluso a los partidos políticos.
'No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales', comentó Benito, subrayando que este mandato de publicidad activa ha de limitarse 'a la gestión de los recursos públicos y los programa de financiación pública que gestionen'.
'NO SOMOS PARTIDOS'
Con el mismo objetivo de diferenciar a los sindicatos de los partidos, Monell recordó que las organizaciones sindicales no están sujetas a una ley de financiación como sí lo están las políticas.
Los representantes de las dos centrales sindicales subrayaron la necesidad de que se tenga en cuenta la 'singularidad' que la Constitución confiere a los sindicatos, destacando que no sólo defienden a sus afiliados, sino los intereses de todos los trabajadores. En este sentido, Benito rechazó que se mandate a los sindicatos a publicitar sus estrategias ante el Gobierno o la patronal o en materia de negociación colectiva.
'Más allá del control público sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos', aseveró el representante de CC.OO. También Monell recalcó que los sindicatos tiene 'derecho a organizar su administración' y que las 'autoridades públicas deben abstenerse de entorpecer ese derecho y su ejercicio'.
Los dos aprovecharon su presencia en el Congreso para hacer algunas precisiones sobre cómo se financian las organizaciones sindicales, incidiendo en que la mayor parte del dinero que reciben proviene de las cuotas de sus afiliados, que rondan el millón de personas en cada caso.
Así, Benito explicó que el porcentaje de financiación pública que tiene CC.OO. es de un 2,81% de su presupuesto, sin contar los cursos y los programas finalistas subvencionados. Por su parte, Monell, concretó que 'la financiación propia' de los sindicatos procedente, sobre todo, de las cuotas de los afiliados, supera el 70%.
