El Tribunal Supremo acordó que la competencia para decidir sobre la apertura de las fosas del franquismo corresponde a los juzgados territoriales y no recae sobre la Audiencia Nacional.
Estas decisión cierra la vía abierta por el ex juez de la Audiencia juzgado por investigar los crímenes y desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo, un proceso por el que resultó absuelto del delito de prevaricación. La sentencia determinó que la satisfacción del 'derecho a saber' por parte de las familias 'no puede ser dispensada por el sistema penal'. El alto tribunal consideró que las denuncias están 'prescritas' y recuerda que la Ley de Amnistía de 1977 forma parte del ordenamiento 'vigente'.
La Sala de lo Penal falló ahora, la cuestión de competencia en favor de los juzgados y ordena a ambos a 'continuar la tramitación' de las diligencias previas seguidas sobre las fosas donde yacen supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca y los cuerpos de decenas de represaliados en el Valle de los Caídos. El tribunal establece que los juzgados territoriales deberán resolver esta cuestión como estimen que 'procede en Derecho'.
Los magistrados excluyeron la posibilidad del enjuiciamiento en la vía penal de los autores de los crímenes, pero reconoce el derecho de familiares a obtener la identificación de las víctimas, cuya localización instará el juez de instrucción competente. No obstante, el tribunal matiza que ello no deberá ser obstáculo para que el juez competente pueda practicar las diligencias oportunas para la identificación de las posibles víctimas cuando se encuentren indicios de restos humanos.
A su entender, los restos de quienes han sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. 'Y tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles', añade.
La Sala de lo Penal falló ahora, la cuestión de competencia en favor de los juzgados y ordena a ambos a 'continuar la tramitación' de las diligencias previas seguidas sobre las fosas donde yacen supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca y los cuerpos de decenas de represaliados en el Valle de los Caídos. El tribunal establece que los juzgados territoriales deberán resolver esta cuestión como estimen que 'procede en Derecho'.
Los magistrados excluyeron la posibilidad del enjuiciamiento en la vía penal de los autores de los crímenes, pero reconoce el derecho de familiares a obtener la identificación de las víctimas, cuya localización instará el juez de instrucción competente. No obstante, el tribunal matiza que ello no deberá ser obstáculo para que el juez competente pueda practicar las diligencias oportunas para la identificación de las posibles víctimas cuando se encuentren indicios de restos humanos.
A su entender, los restos de quienes han sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. 'Y tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles', añade.
