ANÁLISIS

Claves económicas de una hipotética independencia de Cataluña

Mucho se habla estos días del proceso de secesión y sus implicaciones políticas y sociales. Pero pocos analistas se han metido de lleno en los costes económicos de este proceso que tiene en vilo la actualidad política del país. Entendible es, por parte de los secesionistas, que las leyes de transitoriedad solamente dediquen cinco líneas a las “Obligaciones económicas y financieras de la República independiente de Cataluña” con enorme ambigüedad en la redacción.

Claves económicas de una hipotética independencia de Cataluña

Miembros de la CUP  y de ERC hablan sin tapujos de un impago de la deuda y de la expropiación de las infraestructuras estatales en el nuevo estado catalán, pero ¿de cuánto dinero hablamos?. ¿Cuáles serían las obligaciones financieras de una declarada República Independiente de Cataluña respecto al estado español?.

PARTIENDO DE LA DEUDA

Partamos de los cerca de 5.000 millones de euros que las diferentes administraciones locales deben al conjunto del estado ( Los ayuntamientos catalanes deben más de 4.100 millones, las Diputaciones casi 300 millones, la misma cifra que las entidades comarcales). A eso habría que sumar la deuda de la Generalitat que supera ampliamente los 75.000 millones de euros, así como los 2.000 millones que deben las Empresas Públicas catalanas. Este conjunto arroja un saldo total al debe de algo más de 82.000 millones de euros.

Pero esta cifra aún se incrementaría con el porcentaje de deuda española que Cataluña debería asumir proporcionalmente al Nº de habitantes y que se calcula en uno horquilla de entre 180 y  185.000 millones de euros. Ya van 270.000 millones de euros de los que no se habla en este proceso, ni siquiera entre las filas de los constitucionalistas. 

SUMANDO INFRAESTRUCTURAS

A esto habría que seguir sumando. Rajoy prometió 4.200 millones de euros a ejecutar en el 2017, lo que sumados a los aproximadamente mil millones habituales en los últimos años harían un total aproximado de unos 15.000 millones de euros invertidos en la última década, inversiones que no se podrían considerar como amortizadas por ser notablemente recientes. No obviemos que Cataluña es la segunda comunidad autónoma (por detrás de Andalucía, por su tamaño) en licitación de proyectos y los datos son contundentes; uno de cada cinco kilómetros de las autopistas españolas se asienta en las provincias catalanas, en la última década se mantiene como la primera autonomía en inversiones en el AVE y la inversión en la red ferroviaria de cercanías -Rodalíes- es la primera en España con 4.000 millones invertidos en el 2015.

A eso habría que añadir algunas infraestructuras de notable tamaño que difícilmente se podrían considerar descatalogadas, como las principales autopistas, las líneas ferroviarias modernizadas en los últimos años, el aeropuerto del Prat, o los principales puertos de mercancías. Por poner un ejemplo, el estado español acaba de gastar 285 millones de euros en conectar la conexión ferroviaria de El Prat con la estación multimodal de Sants-Barcelona. Muchos consideran que el valor de las infraestructuras a satisfacer por el nuevo estado catalán al estado español superarían con creces los 45.000 millones de euros, tirando por lo bajo (Ya solamente el aeropuerto del Prat presentaría una factura total de 4.000 millones).

En total, una escandalosa cifra que superaría los 315.000 millones de euros a sufragar por el nuevo estado catalán, lo que arroja una cifra per cápita de  42.000 millones de euros por catalán, considerando la población de siete millones y medio de catalanes. Dada una familia tipo de 4 unidades, cada hogar catalán se tendría que hacer cargo de 170.000 euros, una nueva hipoteca. Estos números no son conocidos por casi nadie de entre los independentistas, obviando las obligaciones financieras de la Generalitat, en caso de ruptura.

De la misma forma, se asume una continuidad monetaria que no sería tal. La UE ya ha dicho, por activa y por pasiva, que un nuevo Estado Catalán quedaría fuera de la unión monetaria y económica, por lo que Cataluña tendría que emitir una moneda propia. Planea la posibilidad de una devaluación financiera, con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la subida de precios, y el encarecimiento de la vida respecto a la nueva moneda, máxime con las nuevas tasas y aranceles que Cataluña debería soportar.

Desde luego, la tasa de paro subiría por la deslocalización anunciada de muchas empresas multinacionales, y habría que estudiar si los nuevos ciudadanos catalanes podrían cobrar el paro o las pensiones por el sistema español, ya desconectados de la antigua metrópoli. Las cifras publicadas en el 2014 por el INE hablaba de un déficit estructural del sistema de pensiones y prestaciones en Cataluña de 6.043 millones de euros, una cantidad que lleva una notable tendencia al alza y que dudosamente mejoraría con la independencia. 

Las entidades bancarias que actuasen en territorio catalán tampoco estarían cubiertas por el fondo de garantía español, por lo que los depósitos podrían sufrir devaluaciones o incluso plantear pérdidas a los ahorradores catalanes, sin posibilidad de actuación. La espiral de una trampa de estanflación podría derivar en una situación social explosiva. Quedaría por preguntar si la nueva Generalitat podría hacerse cargo de la estructura total de materias como la sanidad, la educación, la protección social o las pensiones, llegado el caso. 

De momento solamente se ha hablado de cifras de recaudación aisladas del marco estatal y de los gastos de defensa de un hipotético estado independiente, obviando todas estas cuestiones. Incluso aunque se aceptara, como cuantifican algunos economistas de la Generalitat, en 16.000 millones de euros el déficit fiscal catalán, difícilmente podríamos considerar una viabilidad económica a tan magnífico proyecto sin un apoyo financiero del tamaño de China o de los Estados Unidos que sufragase la cuantiosa suma a deber al estado español, en caso de producirse la ruptura.

Finalmente, cabe preguntarse por qué desde las filas del estado español no ponen un poco de cordura con datos, cifras y estadísticas. Cataluña se plantearía (económicamente al menos) una situación al borde del abismo en el caso de atender sus obligaciones financieras. Y de no hacerlo sería un estado paria de los países desarrollados, una especie de Venezuela encajonada en el corazón de Europa. Pero con los argumentos de la pasión y del exacerbado sentimiento nacionalista, la racionalidad ha quedado desplazada y en seny catalán se ha aislado al margen de cualquier discurso o estudio serio. Por eso, embarcados en una guerra por la publicidad y la imagen, los no independentistas están perdiendo esa batalla.