Los mercados financieros han incrementado aún más su protagonismo desde que estallara la crisis financiera a finales del año 2008, coincidiendo con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, después de experimentar una espectacular burbuja crediticia que se distribuyó a lo largo y ancho del planeta desde su principal centro de operaciones Wall Street, el lugar más emblemático del capitalismo occidental.
Tras la extrema dificultad en la que se encontraron los mercados ante la escasez de liquidez y los problemas de solvencia que experimentaron las principales entidades financieras y aseguradoras en los peores momentos de la crisis, implicando un costoso rescate financiero llevado a cabo desde el epicentro de la debacle, estos consiguieron rehacerse y retomar de nuevo la maquinaria que caracteriza a su negocio. Aún así, ante el hecho de haber estado al borde del abismo, en cuanto a la imposibilidad de hacer frente a coberturas y contrapartidas en el ámbito financiero, las autoridades competentes al otro lado del Atlántico consideraron muy necesario establecer una cierta regulación y orden para evitar el riesgo moral en el que incurrieron los principales actores del sistema financiero en plena ebullición del negocio.
Ante esta situación anómala y un tanto caótica, y en un intento de restablecer la normalidad en el sector, entró en vigor en julio de 2010 la “ley Dodd-Frank” que nacía con la finalidad de limitar el efecto destructivo que podían llegar a albergar las finanzas globales sin control, estableciendo requerimientos de capital más exigentes y restringir la toma irresponsable de riesgo, en vez de apoyar fundamentos financieros en el ámbito del apalancamiento que llegó alcanzar cotas inimaginables, como la de apostar a la subida de un activo subyacente por valor de 100 $ simplemente disponiendo de menos de 5 $ de para hacer frente a ese posicionamiento de mercado. Esta actitud temeraria se generalizó desde la implantación de la “Ley Gramm-Lech-Bliley”, allá por el año 1999, derivando en una asunción indiscriminada de riesgos excesivos por parte de los agentes que resultó en lo que, a día hoy, todos conocemos.
El funcionamiento de los mercados financieros autoregulándose ellos mismos, una situación bastante parecida a la de cualquier casino en el que se producen apuestas a un número con la esperanza de que salga ganador, presentaba un agravante en relación al hecho de tener que cubrir las posiciones en el momento de la liquidación relativo a las apuestas realizadas que, en el caso de AIG, la más importante compañía reaseguradora del mundo, dada la enorme exposición financiera que tenía en productos derivados, y ante la escasa capacidad de cubrir sus posiciones, tuvo que ser rescatada, primero por la Reserva Federal y después por el Departamento del Tesoro de EEUU asumiendo como suyas las posiciones ante el inminente derrumbamiento de todo el sistema asegurador a quien la propia AIG servía de último garante.
En un afán de acabar con el descontrol de los mercados financieros no organizados, los conocidos OTC, en los que se cerraban operaciones de cuantías muy considerables sin que hubiese una cámara de compensación que ofreciese la mínima seguridad con la que afrontar la liquidación de las contrapartidas, la “ley Dodd-Frank” obligó a que este tipo de operaciones se realizasen a través de mercados organizados bajo la atenta mirada de la Commodity Futures Trading Commision (CFTC) y la SEC, en un afán de regular estos productos derivados, los más volátiles e inestables en los peores momentos de la pasada crisis financiera.
Tras la elección del nuevo presidente de EEUU, la nueva orientación que pueda tomar la política económica, tanto la que se refiere a la política fiscal como la monetaria, acabará por modificar el escenario en el que se mueva la economía global de ahora en adelante. Una de las medidas más disruptivas que podría implementar la “Administración Trump” tiene que ver con la posible desregulación del sistema bancario, es decir, volver al marco del liberalismo en el ámbito de los mercados financieros con las implicaciones que ello implica en términos de volatilidad, tal como sucedió en el pasado. Esta posible iniciativa contrasta con los postulados que ha enunciado el actual Ejecutivo del país norteamericano en relación al comercio exterior, en cuanto a adoptar medidas más proteccionistas.
Esta decisión chocaría con los planteamientos básicos de la Teoría Económica al establecer trabas a la libre competencia en los mercados de bienes y servicios, evitando así alcanzar una asignación óptima de mercado y conseguir incrementar la riqueza global a través del comercio internacional, y, en cambio, promover la total libertad de actuación en los mercados financieros después de haber sufrido la peor crisis financiera desde la gran depresión, fruto del libre albedrío de unos agentes que, en un afán de maximizar su beneficio, generaron enormes distorsiones en el funcionamiento de los mercados, circunstancia que justificaría en sí misma la intervención de dicho mercado para neutralizar el efecto perverso que aquí presenta el “laissez faire” en forma de riesgo moral.
Un repentino viraje que amenaza a toda la estructura financiera internacional en el ámbito normativo, desacreditando los planteamientos formulados en Basilea III y a su Comité de Estabilidad Financiera y condicionando la operativa financiera en el resto del mundo. La mayor laxitud que se pueda producir en el entorno normativo norteamericano va a provocar un comportamiento asimétrico que beneficiaría a sus entidades financieras menos expuestas a la regulación y, consecuentemente, acabase de condicionar al resto de espacios económicos el tener que adoptar la misma normativa desreguladora para no quedarse al margen de los flujos monetarios globales.
Esta situación de inestabilidad y de cambio podría coincidir con un entorno de debilidad en la Unión Monetaria en la que aún se está pendiente de formalizar la Unión Bancaria y donde todavía no está finalizada la reestructuración del sistema bancario europeo. Ante la posibilidad de que arrecie la inestabilidad en los mercados financieros, tanto las entidades financieras europeas como los países miembros de la zona Euro podrían estar expuestos a unas condiciones financieras extremas, pudiendo desencadenar el definitivo desmembramiento de la Unión Monetaria tal como la conocemos en estos momentos.
