Más del 60% de los ayuntamientos con que cuenta actualmente Galicia, un total de 199, se vería obligado a buscar aliados para fusionarse en base al criterio que actualmente maneja el Ministerio de Hacienda, que establece que la cifra mínima de habitantes en cada municipio no debe ser inferior a las 5.000 personas.
Las provincias más afectadas por este posible baremo serían Ourense, ya que 82 de sus 92 municipios tienen menos de 5.000 vecinos, y Lugo, con 54 localidades de este tamaño de las 67 totales. Por detrás se sitúa A Coruña, donde concerniría a más del 40% de sus 94 ayuntamientos, hasta 41; y Pontevedra, porque casi un tercio de sus municipios no superan la cifra que baraja el ministerio (22 de 62).
Esta realidad demográfica de Galicia, caracterizada por la dispersión, no se atajará fusionando ayuntamientos. Es lo que defiende el documento que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entregó al Gobierno como base del debate sobre la reforma de la administración local y de su financiación.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente, José Manuel Rey Varela, ve 'altamente perverso' abordar la reforma de la planta local desde una cifra de habitantes. Rey Varela expresó 'dudas' sobre la posibilidad de que el Ejecutivo legisle en este sentido, si bien admitió que la UE podría 'decidir dentro de seis meses o un año que tal o cual país debe proceder a una reestructuración administrativa'.
LUGO Y OURENSE
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, también rechaza decidir fusiones en base al número de habitantes y da por hecho que se trata de 'un globo sonda' lanzado por el Gobierno para 'despistar sobre las verdaderas reformas' que está acometiendo. Además, enmarca este debate en el camino 'recentralizador' que tiene en mente 'un Partido Popular al que molestan las autonomías'.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, no se opondría a reformar la planta local con este baremo, pero siempre que sea 'a nivel nacional' y por 'un criterio general de política económica'. 'Lo que no veo claro es que se haga por territorios', explica, aun convencido de que la medida 'puede ser beneficiosa'.
En todo caso, dado que ordenar fusiones supone 'menoscabar la autonomía política' de los ayuntamientos, ha recordado que 'existe' un mecanismo legal que permite que se hagan 'de forma voluntaria'.
Frente al establecimiento de este mínimo de habitantes, Rey Varela apuesta por generar 'economías de escala' para la prestación de servicios conjuntos a través de la 'colaboración' entre ayuntamientos. Eso sí, sin crear 'más organismos que sólo generan gasto improductivo'.
En la misma línea, Besteiro, que insiste en lo 'absurdo' de imponer alianzas, se muestra partidario de 'trabajar en la agregación de servicios y no obsesionarse con las fusiones'. Al respecto, José Manuel Baltar considera la fusión de servicios 'uno de los caminos posibles', toda vez que su prestación es 'el objetivo de toda administración'. En este punto, reivindica el papel de las diputaciones como 'patrocinadoras y promotoras' de la cooperación intermunicipal.
Desde las provincias de Lugo y Ourense, los presidentes de ambas diputaciones indican que no tienen constancia de que ninguno de sus ayuntamientos haya dado pasos hacia una fusión.
Esta realidad demográfica de Galicia, caracterizada por la dispersión, no se atajará fusionando ayuntamientos. Es lo que defiende el documento que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entregó al Gobierno como base del debate sobre la reforma de la administración local y de su financiación.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente, José Manuel Rey Varela, ve 'altamente perverso' abordar la reforma de la planta local desde una cifra de habitantes. Rey Varela expresó 'dudas' sobre la posibilidad de que el Ejecutivo legisle en este sentido, si bien admitió que la UE podría 'decidir dentro de seis meses o un año que tal o cual país debe proceder a una reestructuración administrativa'.
LUGO Y OURENSE
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, también rechaza decidir fusiones en base al número de habitantes y da por hecho que se trata de 'un globo sonda' lanzado por el Gobierno para 'despistar sobre las verdaderas reformas' que está acometiendo. Además, enmarca este debate en el camino 'recentralizador' que tiene en mente 'un Partido Popular al que molestan las autonomías'.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, no se opondría a reformar la planta local con este baremo, pero siempre que sea 'a nivel nacional' y por 'un criterio general de política económica'. 'Lo que no veo claro es que se haga por territorios', explica, aun convencido de que la medida 'puede ser beneficiosa'.
En todo caso, dado que ordenar fusiones supone 'menoscabar la autonomía política' de los ayuntamientos, ha recordado que 'existe' un mecanismo legal que permite que se hagan 'de forma voluntaria'.
Frente al establecimiento de este mínimo de habitantes, Rey Varela apuesta por generar 'economías de escala' para la prestación de servicios conjuntos a través de la 'colaboración' entre ayuntamientos. Eso sí, sin crear 'más organismos que sólo generan gasto improductivo'.
En la misma línea, Besteiro, que insiste en lo 'absurdo' de imponer alianzas, se muestra partidario de 'trabajar en la agregación de servicios y no obsesionarse con las fusiones'. Al respecto, José Manuel Baltar considera la fusión de servicios 'uno de los caminos posibles', toda vez que su prestación es 'el objetivo de toda administración'. En este punto, reivindica el papel de las diputaciones como 'patrocinadoras y promotoras' de la cooperación intermunicipal.
Desde las provincias de Lugo y Ourense, los presidentes de ambas diputaciones indican que no tienen constancia de que ninguno de sus ayuntamientos haya dado pasos hacia una fusión.
