El sindicato CIG-Ensino presentó una reclamación por vía administrativa en el Rexistro Xeral de la Xunta en la que insta al Ejecutivo autonómico a paralizar el proceso de consulta a los padres sobre el uso del idioma en las aulas por incumplir las garantías mínimas de cualquier proceso jurídico, como es esta consulta popular.
Así, el abogado de la CIG, Héctor López de Castro, compareció en rueda de prensa junto con el secretario nacional del sindicato, Anxo Louzao, en la que admitieron que previsiblemente --con este recurso- no se obtendrá una resolución en un tiempo útil aunque posteriormente valorarán pedir suspensión cautelar a nivel judicial contra el resultado de este acto de consulta.
Por ello, Louzao apela a la administración para que suspenda de oficio esta consulta a los padres, que considera un instrumento de Educación para intentar legitimar un proceso fraudulento de persecución del gallego.
Concretamente, López de Castro explicó que las encuestas a los padres representan una consulta popular que a su vez requiere de un procedimiento jurídico aunque no sea un referéndum, por lo que consideró que la Xunta no aseguró las garantías públicas y previas en la metodología utilizada como son el secreto y la transparencia, según la Ley de procedimiento administrativo.
Es una encuesta que se entrega a los niños para que se la lleven a sus familias, aclaró de Castro, quien criticó que el Ejecutivo gallego legitime a unos niños de 4 o 5 años como garantía de un proceso de secreto --como es la consulta a los padres, que influirá en la elaboración del nuevo decreto sobre el uso del gallego en la enseñanza--.
Por ello, denunció que se desconoce el método, las bases concretas y la garantía de protección de datos personales con la consulta, que definió como un auténtico despropósito metodológico.
UNION SINDICAL
Por su parte, Anxo Louzao avanzó que su organización está pendiente de distintas reuniones con el resto de fuerzas sindicales y asociaciones del ámbito educativo para tratar posturas unitarias ante los objetivos perversos sobre el gallego del PPdeG.
Así, abogó por la creación de una plataforma o un punto de encuentro de diferentes sectores para tejer un frente común ante una involución y una regresión en la política de normalización lingüística y con el objetivo de deslegitimar los resultados de este proceso de consulta que no ofrece garantías y no es legal.
No se consultó previamente a los sindicatos de la Mesa Sectorial ni al Consello Escolar ni a los centros educativos, lamentó Louzao, quien aseguró que la Xunta informó mediante un correo electrónico al equipo directivo de los centros en el que se les decía que --el procedimiento de consulta-había salido en la prensa, sin realizar una convocatoria oficial.
MODELO EDUCATIVO
Asimismo, criticó que el veredicto de la encuesta está sentenciado de antemano y recordó que la enseñanza en gallego no es una decisión exclusiva de los padres sino que esta legitimación está representada en el Parlamento de Galicia.
Además, consideró el cuestionario de la consulta una trampa al excluir de la misma a los alumnos de bachillerato que cuentan con un criterio más consciente sobre la importancia del gallego en la educación.
Louzao reivindicó el consenso de las normas vigentes en materia lingüística --como el Plan Xeral de Normalización-y denunció que el gallego y el castellano no tienen el mismo estatus en la actualidad, por lo que no puede haber bilingüismo harmónico si no tienen los mismo derechos de partida.
TOMADURA DE PELO
Por su parte, el sindicato CC.OO. consideró una tomadura de pelo la encuesta a los padres para escojer la lengua en la que quieren educar a sus hijos, ya que consideran que Educación continúa engañando a la opinión pública sobre sus intenciones respecto al idioma.
Así, en un comunicado, consideran que el procedimiento de consulta carece del más mínimo rigor y critican que aún hoy se desconocen las garantías que se tomarán para controlar los resultados.
Por ello, Louzao apela a la administración para que suspenda de oficio esta consulta a los padres, que considera un instrumento de Educación para intentar legitimar un proceso fraudulento de persecución del gallego.
Concretamente, López de Castro explicó que las encuestas a los padres representan una consulta popular que a su vez requiere de un procedimiento jurídico aunque no sea un referéndum, por lo que consideró que la Xunta no aseguró las garantías públicas y previas en la metodología utilizada como son el secreto y la transparencia, según la Ley de procedimiento administrativo.
Es una encuesta que se entrega a los niños para que se la lleven a sus familias, aclaró de Castro, quien criticó que el Ejecutivo gallego legitime a unos niños de 4 o 5 años como garantía de un proceso de secreto --como es la consulta a los padres, que influirá en la elaboración del nuevo decreto sobre el uso del gallego en la enseñanza--.
Por ello, denunció que se desconoce el método, las bases concretas y la garantía de protección de datos personales con la consulta, que definió como un auténtico despropósito metodológico.
UNION SINDICAL
Por su parte, Anxo Louzao avanzó que su organización está pendiente de distintas reuniones con el resto de fuerzas sindicales y asociaciones del ámbito educativo para tratar posturas unitarias ante los objetivos perversos sobre el gallego del PPdeG.
Así, abogó por la creación de una plataforma o un punto de encuentro de diferentes sectores para tejer un frente común ante una involución y una regresión en la política de normalización lingüística y con el objetivo de deslegitimar los resultados de este proceso de consulta que no ofrece garantías y no es legal.
No se consultó previamente a los sindicatos de la Mesa Sectorial ni al Consello Escolar ni a los centros educativos, lamentó Louzao, quien aseguró que la Xunta informó mediante un correo electrónico al equipo directivo de los centros en el que se les decía que --el procedimiento de consulta-había salido en la prensa, sin realizar una convocatoria oficial.
MODELO EDUCATIVO
Asimismo, criticó que el veredicto de la encuesta está sentenciado de antemano y recordó que la enseñanza en gallego no es una decisión exclusiva de los padres sino que esta legitimación está representada en el Parlamento de Galicia.
Además, consideró el cuestionario de la consulta una trampa al excluir de la misma a los alumnos de bachillerato que cuentan con un criterio más consciente sobre la importancia del gallego en la educación.
Louzao reivindicó el consenso de las normas vigentes en materia lingüística --como el Plan Xeral de Normalización-y denunció que el gallego y el castellano no tienen el mismo estatus en la actualidad, por lo que no puede haber bilingüismo harmónico si no tienen los mismo derechos de partida.
TOMADURA DE PELO
Por su parte, el sindicato CC.OO. consideró una tomadura de pelo la encuesta a los padres para escojer la lengua en la que quieren educar a sus hijos, ya que consideran que Educación continúa engañando a la opinión pública sobre sus intenciones respecto al idioma.
Así, en un comunicado, consideran que el procedimiento de consulta carece del más mínimo rigor y critican que aún hoy se desconocen las garantías que se tomarán para controlar los resultados.