El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga al exministro socialista José Blanco en relación con la 'Operación Campeón', contra una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas, interrogará este jueves como testigo a un empresario presente en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) en el momento en el que supuestamente se efectuó el pago de 200.000 euros al primo político del ministro.
Se trata de José Antonio López Arias, director general de Cofares, a quien el empresario farmacéutico Jorge Dorribo sitúa en la gasolinera el 5 de febrero de 2011, el día que habría hecho entrega de un sobre con el dinero para el entonces titular de Fomento. A cambio, se habría permitido al empresario farmacéutico entrar en el coche de Blanco y viajar juntos hacia una comida en la que debían coincidir.
El propio Dorribo señaló en su declaración ante el alto tribunal que López Arias estaba presente en el lugar, si bien puntualizó que se apartó en el momento en el que él hizo entrega del sobre a Manuel Bran, marido de la prima del exministro. Después, como el empresario farmacéutico se subió al coche de Blanco, a López Arias le tocó coger su vehículo y conducirlo hasta el lugar donde se celebró la comida en la que todos coincidieron.
En la exposición razonada que la juez que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Supremo a finales del pasado año se señalaba que el exministro podría haber incurrido en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. Además de López Arias, también ha sido citado el empresario Amador de Castro, presidente del grupo empresarial Fomento de Iniciativas.
El propio Dorribo señaló en su declaración ante el alto tribunal que López Arias estaba presente en el lugar, si bien puntualizó que se apartó en el momento en el que él hizo entrega del sobre a Manuel Bran, marido de la prima del exministro. Después, como el empresario farmacéutico se subió al coche de Blanco, a López Arias le tocó coger su vehículo y conducirlo hasta el lugar donde se celebró la comida en la que todos coincidieron.
En la exposición razonada que la juez que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Supremo a finales del pasado año se señalaba que el exministro podría haber incurrido en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. Además de López Arias, también ha sido citado el empresario Amador de Castro, presidente del grupo empresarial Fomento de Iniciativas.
